jueves, 19 de marzo de 2009

Informes Especiales 18 de marzo 2009


INFORMES ESPECIALES: (Descargar mp3)
PANORAMA PRE ELECTORAL: IZQUIERDAS, DERECHAS Y CENTROS MIRANDO AL PODER
Javier Barreda, viceministro de Promoción del Empleo; Carlos Ferrero, ex titular del Congreso; Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista; Lourdes Flores, presidenta del Partido Popular Cristiano (PPC); Aldo Panfichi, analista político; Gonzalo Portocarrero, ex decano del Colegio de Sociólogos; Carlos Basombrío, analista político.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Susana Villarán, ex candidata presidencial

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Maria Teresa Mosquera, coordinadora de Acción por los Niños

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Jesús Aliaga, secretario ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), encargada del seguimiento del Plan de Reparaciones.

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

INFORMES ESPECIALES: (Descargar mp3)
LOS MANOTAZOS DE NAKAZAKI ANTE LA INMINENTE CONDENA A FUJIMORI
Avelino Guillén, el fiscal supremo adjunto; Carlos Rivera, coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Antonio Maldonado, ex procurador para los casos Fujimori – Montesinos; Iván Torres, abogado del ex jefe del SIN Julio Salazar Monroe; José Peláez Bardales, fiscal supremo en el juicio contra Alberto Fujimori.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Lourdes Flores, lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC)

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA
Carlos Basombrío, analista político y ex viceministro del Interior

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Silvia Romero, abogada del caso Manta y Vilca.

jueves, 5 de marzo de 2009

Informes Especiales 04 de Marzo 2009

(Lado A por partes)

CABANILLAS Y LOS NUEVOS RETOS EN EL MININTER (Descargar mp3)
Susana Villarán, ex defensora de la Policía Nacional; General PNP (r) Enrique Yépez, ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC); Juan Sheput, analista político y ex ministro; Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA - Walter Albán, ex defensor del Pueblo

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros

INFORME: (Descargar mp3)
ALBERTO FUJIMORI CULPABLE

BBC: (Descargar mp3)
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
(Lado b por partes)

LA REORGANIZACIÓN EN EL INPE, TRAS EL ESCÁNDALO DE FUGAS EN LOS PENALES (Descargar mp3)
Javier Llaque Moya, ex Director de Piedras Gordas y ex miembro del Consejo del INPE; Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA - Giovanna Peñaflor, periodista y analista político

INFORME: (Descargar mp3)
CAMBIOS EN EL CNM: RETOS Y TAREAS PENDIENTES
Carlos Mansilla, electo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Edmundo Peláez, saliente presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Avelino Guillén, fiscal supremo adjunto

La minería, la crisis y los conflictos sociales

Ideeleradio.- La minería es sin duda una de las actividades que más ingresos genera al Estado, utilidades a los trabajadores, dividendos a las empresas y en algunos casos desarrollo para las regiones. Pero es también, por incumplimiento de las obligaciones socioambientales y la omisión del Gobierno, fuente de constantes conflictos, fenómeno que se mantiene tanto en épocas de opulencia como de crisis económica-financiera.

Situaciones como el traslado de la ciudad de Cerro de Pasco, debido a la explotación de la minera Volcán, la contaminación por mercurio en Choropampa y la difusión de fotografías que implicarían a trabajadores de Río Blanco Cooper (ex Majaz) en actos de tortura contra pobladores de Huancabamba, son sólo árboles en el bosque.

El ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, afirmó a Ideeleradio, que los responsables de los excesos cometidos en este campamento minero deben ser sancionados de acuerdo con la ley.

“Eso tiene que investigarse, judicializarse y los responsables tienen que ser sancionados. El Ejecutivo no interviene directamente, eso es cuestión de la Fiscalía y del Poder Judicial. Los excesos de ambos lados, tanto de empresas, de la Policía o de quien sea o de los comuneros o pobladores locales, tienen que ser de acuerdo a ley. Yo o puedo porque protesto por algo, destruir, quemar, agredir, matar o lo que sea. Tenemos que para a la cultura del diálogo y la concertación, ponernos de acuerdo para hacer alguna empresa o permitir la explotación de algún recurso natural. Los excesos no deben producirse y tienen que ser sancionados”, indicó.

Tras este pronunciamiento, aún no existen resultados. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), lamentó que lejos de acelerar la identificación de los involucrados en este caso, se agilicen las investigaciones contra los propios comuneros, ronderos y medioambientalistas que respaldan a las comunidades.

Subrayó que no debe haber ‘patente de corso’ para que las mineras se instalen en cualquier lugar y sin ningún tipo de restricción.

“No es que debe haber patente de corso, para que la explotación y exploración minera se instale en todo lugar, a como de lugar, sin considerar los legítimos derechos de la población comunera, campesina, rural, a desarrollar otras formas de actividad productiva que también de satisfacciones. Entonces hay una compleja trama por la cual operan en esta zona avasallando derechos. Lo que ahora debemos exigir es que el Estado asuma su obligación y responsabilidad de garantizar que el medio ambiente sea protegido y se ejerza el uso racional de estos recursos naturales”, señaló.

Marco Arana, directivo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), consideró que el actual gobierno ha retrocedido en todo lo relacionado a la protección de las comunidades e indicó que un ejemplo de ello, es que se ha recortado el plazo de participación de los ciudadanos en los estudios de impacto ambiental.

Con respecto al caso de Choropampa, anunció en Ideeleradio, que los pobladores denunciaran al Estado por su inacción frente a la contaminación de mercurio, en esta ciudad cajamarquina.

“Lo que resulta claro es que el gobierno de Alan García muestra un claro retroceso en la protección de derechos y en materia de ordenamiento jurídico de la inversión privada y ambiental y social, respecto del gobierno anterior. La Sociedad Nacional de Minería ha pedido que incluso se brinden normas de emergencia por la crisis financiera internacional, para que se haga un plan de emergencia para el sector minero y están pidiendo que no se tomen en cuenta los planes de ordenamiento territorial de las municipalidades, entonces quieren permiso para hacer minería donde sea, sin ninguna restricción. Por ejemplo, el caso de Cerro de Pasco es un caso dramático en el que la empresa misma viene manipulando sectores de la población”, refirió.

Si de algún caso de afectados por la actividad minera hay que hablar, Cerro de Pasco es emblemático. La explotación a tajo abierto de reservas de minerales de plomo, plata y zinc, ha provocado que esta ciudad esté a punto de desaparecer y que más del 80% de los niños y madres gestantes de diversos poblados, presenten un 89% de prevalencia de plomo en la sangre.

La población demanda a la minera Volcan el pago de una indemnización por los daños producidos al medio ambiente, la salud y su entorno comunal. Durante este año además se han registrado, conflictos en Ayacucho y varias zonas de la selva, debido a asperezas con algunas empresas petroleras.

José de Echave, representante de CooperAcción, aseguró que este tema forma parte de una agenda pendiente del Ejecutivo, el cual afirmó estaría desesperado en lograr que las inversiones no se alejen del país.
“Hay una sensación de desesperación de parte del gobierno, para que los niveles de inversiones no se caigan y en esa desesperación no se dan cuenta que aún hay mucho por hacer para construir una mejor gobernabilidad, una gobernabilidad democrática alrededor de las industrias extractivas. Creo que detrás de los conflictos que se están produciendo en el país en torno a la actividad minera, hay una demanda muy clara de mejorar los mecanismos de participación ciudadana, la gente está pidiendo ser informada cuando sus territorios son entregados a concesiones mineras, la gente está pidiendo participar en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Además están planteando con claridad, que se mejoren los mecanismos de gestión ambiental en el país”, sostuvo.

El último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo identificó en enero 100 casos de problemas que corresponden a conflictos socioambientales, 66 se encuentran en estado activo y 34 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 9 casos. Es indispensable que se le dé una mirada integral a esta problemática y no se aliente la inversión a cualquier precio.

Los cambios en el INPE, tras el escándalo

Ideeledradio.- En menos de dos meses, cuatro reos acusados de narcotráfico y uno por delito de robo agravado, obtuvieron su libertad presentando documentación falsificada ante las autoridades del INPE. A estos casos se sumó la violación de cinco internas en el penal cusqueño de Quenqoro, por parte de cinco agentes penitenciarios.

Estos hechos son sólo una muestra de la profunda reorganización que necesita el Sistema Nacional Penitenciario y que han obligado a la ministra de Justicia Rosario Fernández a aceptar la renuncia de Leonardo Caparrós como jefe del INPE y designar a Jorge León Ballén como nuevo titular

Javier Llaque Moya, ex Director de Piedras Gordas y ex miembro del Consejo del INPE, conversó con Ideeleradio y consideró como un error que ante cada crisis, se pida la cabeza del sector. Opinó que es imposible que una institución camine con tantos cambios en su interior

“Es imposible que una institución pueda caminar con cambios en periodos tan cortos. Desde que este gobierno inició son cinco cambios, Rosa Mávila, Benedicto Jiménez, luego el general Carrión, Leonardo Caparrós. Veamos que esta nueva gestión pueda realmente planificar no a seis meses, sino a un mes o dos años temas de personal penitenciario, que no significa que porque los sueldos sean bajos se sigan cometiendo los errores que cometan. Creo que primero debe haber estabilidad en el cargo, que signifique un plazo prudencial para poder no solamente presentar las medidas que se van a llevar a cabo sino ejecutarlas. Debemos exigir que en un plazo de 60 días qué cosa se va hacer en el INPE”; aseveró.

A su turno, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Juan Carlos Eguren indicó que se requiere una reforma profunda al interior del INPE y que eso pasa por un tema de gerencia pública, por incorporación de tecnología y lucha contra la corrupción. Propuso la tercerización de los servicios y la privatización de los penales como ocurre en otros países. Señaló que bajo este esquema, el Estado básicamente daría una garantía de la puerta hacia fuera y de la puerta para adentro sería una administración técnica y profesional

“El presupuesto del INPE ha crecido significativamente y gran parte de los recursos asignados no se utilizaron. Las razones, el tema de la eficiencia de la administración pública o (ausencia de) cuadros técnicos en gerencia pública. El Estado en su conjunto, son corporaciones que administran servicios y tienen que tener cuadros gerenciales, técnicos, trabajar con metas, objetivos, resultados medibles. Ese es el nuevo esquema, no una organización política para acomodar personas con carné, eso se debe descartar”, declaró.

Tras el escándalo suscitado en el INPE, la ministra de Justicia Rosario Fernández no habló de una reforma integral, tan sólo mencionó una reorganización administrativa. Encomendó, deshacinar los penales, aplicar un sistema moderno de control de internos y anunció la firma de un convenio con el ministerio de Justicia para evitar más excarcelaciones.

Para el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza Sierra, las medidas adoptadas resultan ser insuficientes. Señaló que la implementación de estas acciones en la medida que sean respuestas a la coyuntura no tendrá ningún impacto, tras considerar fundamental que se diseñe una política de mediano y largo plazo

“Creo que hay un enorme desconocimiento de la problemática carcelaria real, de buena fe o de mala fe. El hecho es que siendo tan importante el tema de cárceles con su relación con la seguridad ciudadana no se dimensiona el problema en su magnitud. Mientras no haya apoyo político, decisión del gobierno tomada al más alto nivel de enfrentar el tema de cárceles. Mi impresión es que en unos meses más, volveremos a ver escándalos como éste y nada habrá pasado. Y eso sería penoso porque el esfuerzo que se hace tendría que tener continuidad y sobretodo apoyo político que es necesario en un tema así”, enfatizó.

David Lovatón Palacios , director del Instituto de Defensa Legal coincidió con estas declaraciones y advirtió que por el momento el Ministerio de Justicia no tiene la capacidad de controlar todos los penales del país. Frente a este contexto también llamó la atención a la oposición política por el tratamiento que le ha dado al tema.

“Yo creo que el INPE es una institución que está en crisis o emergencia desde hace muchos años. Digamos que dentro del Sistema de Justicia siempre suele ser la cenicienta. La gente dice con cierta razón para qué vamos a invertir más en los infractores que son los que delinquen en el país. Lamentablemente ese razonamiento es un golpe muy duro para un sistema democrático, porque lo que busca justamente este sistema es resocializar a las personas que delinquen y en esa perspectiva hay que invertir en el sistema penitenciario y vemos que la corrupción campea en el INPE”, comentó.

Finalmente José Ávila Herrera, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, añadió que la reorganización del INPE, debe recibir mucho respaldo político y ser promovida a través de un debate público. Según refirió es importante determinar qué modelo de sistema penitenciario requiere el país.

"En más de una oportunidad se ha declarado en emergencia el Inpe y se han planteado reorganizaciones, que no han tenido muchos frutos. El actual sistema es indeseable y no ofrece confianza a la justicia penal. Es importante tener en claro, qué significa modernizar las cárceles y si esto implica dotarlas de más tecnología, mejores terapias de resocialización o vincularlas al sector privado. Si la ministra concreta esta propuesta de declarar en reorganización el INPE, desde la Defensoría del Pueblo creemos que se debe promover un debate público, para determinar qué modelo de sistema penitenciario requiere el país. (…) La administración penitenciaria debe ser seguro, respetuoso de los derechos humanos y útil a la sociedad", comentó.

Este tipo de escándalos suscitados en estas últimas semanas en el INPE no deberían llamar la atención si es que consideramos que estamos inmersos en una gran crisis institucional. Sino se toman medidas a mediano o largo plazo seguiremos con más de lo mismo.

La inacción del gobierno y la conformación de un "Estado Paralelo"

Ideeleradio.- La existencia de personal militar ocupado en espionaje telefónico, la forma en que mataron a los policías en el desalojo en los bosques del Pómac, así como el reciente atentado contra la fiscal de la nación Gladys Echaíz, nos muestra que en el país se viene suscitando una serie de hechos graves producto de la propia inacción del gobierno, que viene actuando con respuestas paralelas y contrarias al propio Estado de Derecho

Frente a este contexto el analista Eduardo Toche Medrano, sostiene que ante la falta de reacción del gobierno se viene configurando un Estado paralelo privatizado y escondido a los ojos del ciudadano. Al respecto, calificó de lamentable la intervención del presidente Alan García y del primer ministro Yehude Simon, frente al conflicto presentado en los bosques del Pómac donde fallecieron dos policías.

" Que a una distancia considerable tengas balazos tan certeros desde la cabeza, eso no lo hace una persona común y corriente. El premier Yehude Simon no debería sentir que se vulnera el espíritu de cuerpo cuando se demanda aclaraciones e información a uno de mis ministros. Habría que preguntarse porque existe una situación anómala, personal aparentemente usando armas que no deberían usar, atacando a la fuerza pública de esa manera. El presidente debería estar muy preocupado también por eso. Si empiezo a organizar un enlace de ese hecho con otros que han ocurrido en estas últimas semanas”, mencionó .

A su turno la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, denunció otro hecho grave, dijo que ante la falta de control del Estado, las organizaciones ligadas al narcotráfico, compran lotes y tierras para la explotación maderera, con el objeto de lavar dinero, y lo que es peor aún advirtió que las comunidades nativas se han convertido en los nuevos peones del narcotráfico

“Hay cultivos ilegales, fuera de todo control. Si bien se está procediendo a la erradicación con planos, yo creo que el control debería estar en manos de las autoridades correspondientes a estos terrenos amazónicos”, agregó.

El sábado 31 de enero, un miembro de seguridad de la fiscal de la Nación Gladys Echaíz repelió a balazos el ataque de un delincuente que disparó contra el vehículo que transportaba a la magistrada, quien finalmente resultó ilesa. Pese a que la Policía Nacional, sostiene que el robo habría sido el principal impulso del agresor, existen indicios razonables para sostener que existe una intención intimidatoria frente a las investigaciones que realiza la fiscal sobre el espionaje telefónico.

Ante estos hechos, el ex presidente del Congreso de la República Henry Pease García lanzó una severa crítica a las autoridades del Estado que velan por la seguridad de los altos funcionarios.

“Acá se ha puesto en peligro la vida de la Fiscal de la Nación, porque esa mujer ha sido valiente y se ha enfrentado y no ha puesto paños tibios para decirle ‘ladrón’ al ladrón y ‘corrupto’ al corrupto. (…) ¿Cómo es posible que recién ahora se le incremente la seguridad a la Fiscal de la Nación. Es que no se dan cuenta que cuando la ven actuando contra el narcotráfico y con decisión contra el chuponeo ya tenían que haberle mejorado la seguridad. ¿Es que no hay capacidad de prevenir de la Policía? No sé si es el ministro o si son otros (que no han mostrado capacidad), pero parece que todas las instituciones parece que estuvieran medias aletargadas, medio dormidas, y estamos entrando en un ambiente sórdido que es necesario ventilarlo rápidamente”, añadió.

El ex congresista además hizo una advertencia, señaló que hay quienes buscan reactivar los niveles de poder que tenían entre el 90 y el 2000. Según comentó el reciente escándalo por la violación de las comunicaciones es un efecto de largo plazo que dejó la dictadura fujimorista.

Para Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo y presidente de la Academia de la Magistratura, el panorama actual nos revela que no se ha enfatizado en las políticas anticorrupción y que por eso seguimos igual que en los 90. Refirió que una prueba de la existencia de una política anticorrupción parcial y no integral, es la reciente excarcelación de dos miembros del grupo Colina, Douglas Arteaga Pascual y Ángel Pino Díaz, implicados en la presunta violación de derechos humanos.

“Nosotros (el Ministerio Público) hemos avanzado mucho en las investigaciones y sanciones, pero como la política de Estado no ha sido permanente, entonces eso ha posibilitado que el crimen organizado avance más. A veces (avanzamos) mucho que las políticas estatales. Nos da la impresión que estamos en lo mismo, pese a que hacemos bastantes esfuerzos para contrarrestarlos. Sigo pensando en el trabajo particular de jueces y fiscales dentro de sus políticas institucionales más que como políticas de Estado….No se ha puesto el acento en la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista de las leyes, de las políticas gubernamentales, desde el punto de vista del trabajo social. Porque el tema de corrupción tiene muchas áreas que afectan, porque sino no estaríamos tocando temas de chuponeo telefónico, temas de corrupción de distintos niveles. Es decir, creo que hay que abordar el tema de la política integral”, agregó

Finalmente Javier Torres Seoane, integrante de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER y ex secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, mencionó que es necesario retomar una serie de procesos que se dejaron a medio camino, que tiene que ver con el sector defensa e interior. Advirtió que cuando se quiere profundizar con investigaciones inmediatamente sectores vinculados a la mafia tratan de poner un coto a estos intentos de renovación democrática

“Lamentablemente hay un conjunto de líderes políticos que antes que afirmar el poder civil, sobre el militar, lo que hacen es vestirse del uniforme y salir en una defensa cerrada confundiendo el rol que tienen. Lamentablemente eso ocurre cada vez en nuestro país. Este atentado a la fiscal Echaiz debe ser un parte aguas. Creo que también ahí quienes levantaron las banderas de la transición y las banderas contra la democracia tiene que salir a pronunciarse el día de hoy, porque la cosa se puede poner peores”, mencionó. “A mi me parece muy serio lo que está pasando porque no sólo es esta mafia, es el tema del narcotráfico, violencia en varias regiones del país que se manifiesta en conflictos sociales sino en otras situaciones en las cuáles como vimos en los bosques del Pomac donde a todos los policías los balean y nadie sabe qué ocurre”, afirmó.

Como vemos, existen una serie de mensajes preocupantes por parte del gobierno, que revelan la dejadez y la poca capacidad sancionadora del gobierno frente a los que atentan contra el Estado Democrático. Debemos poner un alto porque peligrosamente nos estamos convirtiendo en cómplices de la mafia de la década anterior, de sectores vinculados al narcotráfico y de la delincuencia organizada, generando así un alto nivel de inseguridad en el país.

miércoles, 4 de marzo de 2009

Informes Especiales 04 de marzo 2009

(Lado A por partes)

CABANILLAS Y LOS NUEVOS RETOS EN EL MININTER (Descargar mp3)
Susana Villarán, ex defensora de la Policía Nacional; General PNP (r) Enrique Yépez, ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC); Juan Sheput, analista político y ex ministro; Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA - Walter Albán, ex defensor del Pueblo

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros

INFORME: (Descargar mp3)
ALBERTO FUJIMORI CULPABLE

BBC: (Descargar mp3)
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
(Lado b por partes)

LA REORGANIZACIÓN EN EL INPE, TRAS EL ESCÁNDALO DE FUGAS EN LOS PENALES (Descargar mp3)
Javier Llaque Moya, ex Director de Piedras Gordas y ex miembro del Consejo del INPE; Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); José Ávila, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo.

COLUMNA DE OPINIÓN: (Descargar mp3)
LIBERTAD BAJO PALABRA - Giovanna Peñaflor, periodista y analista político

INFORME: (Descargar mp3)
CAMBIOS EN EL CNM: RETOS Y TAREAS PENDIENTES
Carlos Mansilla, electo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Edmundo Peláez, saliente presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Avelino Guillén, fiscal supremo adjunto