Ideeleradio.- Si el juicio al ex presidente Alberto Fujimori registra avances importantes en materia probatoria y doctrinaria, otra parecer ser la dirección en el plano político, con la ratificación del pacto entre el Apra y Alianza por el Futuro, acuerdo que le permite hoy ocupar puestos importantes en el Congreso y obtener beneficios en el régimen carcelario del ex mandatario.
El megajuicio por el Caso Barrios Altos, La Cantuta y los Sótanos del SIE, está en su etapa intermedia, tras la culminación de la presentación de los testigos y el inicio de la revalidación de las pericias antropológicas y legales.
En ese contexto, el experto franco-colombiano Federico Andreu, respaldó la acusación que formuló el Ministerio Público, en base al argumento de la autoría mediata por dominio de la organización, es decir la responsabilidad de Fujimori como jefe máximo de las Fuerzas Armadas en todo el accionar del Grupo Colina. Andreu Guzmán rebatió, además, los argumentos de César Nakasaki, abogado del ex jefe de Estado
“En cuanto a la existencia de órdenes escritas, que fue uno de los argumentos que el abogado de Fujimori ha esgrimido, eso es totalmente irrelevante. Como se sabe la experiencia demuestra en muchísimos casos y muchísimas jurisprudencia que rara vez quienes ordenan crímenes dejan rastro alguno. Incluso la estructura criminal, es compartimentada, con zonas de operaciones clandestinas y secretas, lo cual hace imposible la existencia de tales órdenes por escrito”, anotó.
Ese es el camino, también de los informes o Amicus Curiae, que entregaron organizaciones internacionales al Poder Judicial y que recogen la jurisprudencia mundial, respecto al juzgamiento de quienes encabezaron un aparato jerárquico para delinquir. A pesar de que esta figura está totalmente clara, el INPE flexibilizó el régimen penitenciario del ex jefe de Estado. Antonio Salazar, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó al respecto, el secretismo con que se benefició al ex gobernante y la forma como se intenta expresar una supuesta voluntad para el retorno al régimen cerrado especial.
"Yo creo que es muy poco probable que varíe esa situación, porque es parte de la alianza con el fujimorismo y es casual que el señor (Leonardo) Caparrós, jefe del INPE, trate de decir que ellos han pedido que la Sala califique (la situación legal de Fujimori). La Sala no va a calificar, esta ha dicho que quien califica es el INPE. Nosotros (los jueces del tribunal) le pasamos los documentos y el INPE califica. La Sala no puede ni siquiera plantear la revisión de este régimen. El jefe del INPE, pareciera ya adelantar opinión, porque dice, si la sala no califica, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Ese parecería ser el mensaje de Caparrós, con lo cual Fujimori mantendría el régimen que tiene actualmente”, comentó.
Durante el juicio, se reveló también un hecho que acreditaría la voluntad expresa de Fujimori Fujimori, de pretender ocultar información. La parte civil dejó sentado, en una de las audiencias, que el médico Aníbal Escalante, que respondía a la funcionalidad del Instituto de Medicina Legal (IML) llevó en 1994 a Inglaterra muestras de los restos de las víctimas de La Cantuta, sin que se conozca hasta ahora los resultados. El ex vicepresidente Máximo San Román, confirmó en diálogo con Ideeleradio, que el mencionado profesional fue nada menos que médico de confianza del ex jefe de Estado.
“Era una persona muy cercana a Alberto Fujimori, especialmente por n el trato que tenía con Ana Kanashiro, quien ha sido presidenta del INABIF (Instituto Nacional de Bienestar Familiar), ha sido también nuestra senadora, muy cercana a la familia. Ellos le expresaron en diferentes oportunidades que son médicos y que consultan con él, cualquier asunto de salud, que tenían tanto el señor Fujimori, como sus familiares. Yo puedo dar fe, de que estaba muy cerca de Fujimori y su familia”, señaló.
Ya en el plano político, Carlos Rivera, abogado de las víctimas, denunció que el Ejército estaría beneficiando a Fujimori, en razón de que le proporciona, rápida y oportunamente, información que es negada a los Organismo No Gubernamentales de derechos humanos y a su turno, el líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala, cuestionó que la bancada fujimorista procure presentarse como defensora de las Fuerzas Armadas, cuando en la década de los noventa, se saqueó la Caja de Pensiones Militar Policial.
"El fujimorato creo al Grupo Colina. Keiko Fujimori, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos son lo mismo y nos hace creer ahora, que Montesinos es el malo, que Alberto Fujimori era un tonto y que Keiko Fujimori era inocente. Estos grupos políticos que crearon los vladigenerales, actas de sujeción, la corrupción, ahora quieran acercarse a la Fuerza Armada. Es una forma también de cómo los políticos menosprecian (a las Fuerzas Armadas) y creen que la población o las instituciones no se dan cuenta de que es lo que está pasando. A mí me da asco que esta gente se la de ahora, de defensores de las Fueras Armadas. ¡Por Dios! Osea, el mundo al revés”, exclamó.
Entre las resoluciones que favorecen a los coprocesados de Vladimiro Montesinos, sin duda es emblemático el caso del ex vocal Ramiro de Valdivia Cano, pues el Tribunal Constitucional ordenó su reincorporación a la Corte Suprema, a pesar de estar procesado por acudir en 1998 al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para buscar los mecanismos de reelección de Alberto Fujimori, caso por el que la Fiscalía ha solicitado seis años de prisión. Aníbal Torres, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) rechazó la virtual reposición.
“El Tribunal Constitucional aquí ha incurrido en un error que no sé si lo van a enmendar o no lo van a enmendar. Pero, no lo deja bien parado frente a la comunidad. No es aceptable que el Poder Judicial no haya resuelto este caso, estando ya allí, varios años y más aún estando con acusación fiscal. Ahora lo que corresponde al Poder Judicial, es llevar a cabo, rápidamente el juicio oral y si es que encuentra responsabilidad debe aplicar la sanción que corresponda”, declaró.
Finalmente, el ex presidente del Congreso, Henry Pease García, calificó de un escándalo la gota que rebalsó el vaso: La elección de la legisladora fujimorista Martha Moyano como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“Los fujimoristas que están en el Congreso, son defensores de un delincuente. Ese señor (Alberto Fujimori) ya fue declarado delincuente, ha sido condenado por uno de los delitos (usurpación de funciones en el Caso Allanamiento) en el Poder Judicial. Quien defiende a un corrupto, es un corrupto. Mientras no seamos claros el país no va a cambiar y la gente no quiere que se generalice la corrupción. (…) Esto debe llamar a reflexión a quienes están hoy día en la administración pública, para darse cuenta que tienen que dar un golpe de timón. Y que con los corruptos no se puede ir ni a misa, como dice el refrán”, puntualizó.
Hoy, además del cargo importante de Moyano, el parlamentario Alejandro Aguinaga ocupa la primera vicepresidencia y Santiago Fujimori, la Comisión de Relaciones Exteriores, grupos de trabajo que no tienen otro objetivo que buscar la exoneración del ex mandatario y atacar a los organismos de derechos humanos que impulsan su juzgamiento. Advertidos estamos.
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