Ideeleradio.- La agenda en torno a la difusión de los audios que revelan un oscuro negociado entre el ex ministro aprista, Rómulo León y Alberto Quimper, ex miembro del directorio de Perupetro, se diluyó en las últimas semanas, por un debate político y mediático en torno a la interceptación telefónica y la sanción que se impondría a quienes “reproduzcan” contenidos obtenidos ilícitamente, que colisionaría con el derecho a la libertad de prensa e información.La discusión se distrajo incluso para poner en calidad de “denunciados” a los “denunciantes”, y se acusó al ex ministro Fernando Rospigliosi, al ex procurador José Ugaz y la periodista Rosa María Palacios de estar detrás de la violación del secreto de las comunicaciones.
El ex defensor del Pueblo, Walter Albán, conversó con Ideeleradio sobre este escenario y cuestionó parte del proyecto de ley del Ejecutivo que propone modificar el Código Penal e incorporar agravantes a los delitos relacionados con la interceptación telefónica. Albán Peralta estimó que la norma sería una espada de Damocles para los periodistas que difundan audios o información que se derive de estos procedimientos ilícitos realizado por terceros.
“Mientras hace algunos meses el gran tema era la corrupción, lo que se había descubierto en la conversación del señor León Alegría, ahora resulta que eso ha pasado a un segundo plano y estamos más bien asistiendo a un cuestionamiento al periodismo que tuvo el coraje y la decisión de hacer esto publico (…) Definitivamente nadie pone en cuestión de que se persiga el chuponeo, pero esta es una suerte de iniciativa que, por supuesto no quiero decir que esa sea la intención, pero termina en la práctica favoreciendo a la corrupción”, aseveró.El periodista Gustavo Gorriti, añade a su turno que la investigación que realice el Ministerio Público en torno al chuponeo telefónico, no debe dejar de lado la indagación de los delitos conexos que evidenciarían tanto, los audios que revelan el caso irregular de la petrolera Discover Petroleum, como los que fueron incautados a Busisness Track, empresa del ex capitán de navío Elías Ponce Feijoo, o los que entregó el periodista Pablo O’Brien.
“Habrá que ver también, simultáneamente con la investigación del chuponeo que se hace con el material, que se ha revelado a través de las interceptaciones y como de por medio hay un conjunto de operaciones y de intenciones profundamente corruptas, tal como ha revelado estos materiales (incautados) creo que existe un deber, no solamente de investigarlos a fondo sino que excepto los casos en que haya cosas exclusivamente personales y que afecten a la intimidad de las personas – que es otra cosa- debe saberse su contenido”, declaró.El Caso “Petrogate” parece ser parte del silencio gubernamental y es a su vez, un tema de investigación obligatoria para las autoridades judiciales y el contexto en que se mueve el espionaje empresarial. El ex ministro de Justicia, Diego García Sayán, dijo al respecto que se debe indagar la presunta vinculación entre el vicepresidente Luis Giampietri y Elías Ponce Feijoo, un ex marino vinculado a Antonio Ibárcena, ex comandante general de la Marina. Ello en el marco de la denuncia que hizo el congresista Víctor Andrés García Belaunde, sobre el intento que haría el fujimorismo para recuperar núcleos de poder que tuvieron en los noventa.
“Es evidente que los nexos que pudieron haber existido entre el pasado lejano y el pasado reciente, entre este grupo de interceptación telefónica y Luis Giampietri tienen que ser investigados y esclarecidos. Aquí hay asuntos muy de fondo, porque al margen del espionaje empresarial e industrial, existen aspectos que atañen a la salud constitucional del país, que abren hoy día preguntas que podrían afectar no sólo a la constitución – en abstracto- sino a la estabilidad política del país”, sostuvo.García Sayán indicó que el análisis de García Belaunde debería también ser materia de una indagación, por cuanto se está advirtiendo la posibilidad de que un grupo reaccionario de la Marina de Guerra pretenda dar un golpe de Estado, tras la aparición de más audios que registran conversaciones sobre presuntos tráficos de influencias.
Al ex procurador José Ugaz Sánchez Moreno le preocupa el radio de acción de esta mafia del espionaje, por cuanto la violación del secreto de las comunicaciones no se agota en el tema de los petroaudios, sino que abarca una presencia múltiple en distintos rubros, algunos de los cuales tendría que ver con los intereses del Estado. Al letrado, le llama a sospecha, además, el aislamiento de los implicados en este caso, como si se tratara de evitar que estos digan la verdad.
“Un tema que me llama la atención como penalista, en el que no se ha puesto mucha atención, es el régimen penitenciario al que están sometidas estas personas capturadas en el tema de la interceptación. Son personas que deberían estar en el caso de la mujer en el penal de Santa Mónica y en el caso de los hombres, deberían estar en San Jorge o Lurigancho, de acuerdo a los criterios que ya tiene establecido el INPE. Sin embargo, están en zonas de máxima seguridad, prácticamente aislados, como si se quisiera que no pudieran tener acceso a la prensa y contar sus propias historias más allá de las especulaciones”, manifestó.Ugaz Sánchez Moreno no descartó tampoco la posibilidad de que algunos estudios de abogados utilicen las prácticas de interceptación telefónica, para obtener información en cuanto a los casos que ventilan ante el Poder Judicial.
La corrupción que utiliza el chuponeo o la interceptación vinculada al chantaje, parece haberse visto golpeada, al punto que la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, fue víctima de un atentado que mereció el rechazo de todos los sectores políticos y no gubernamentales. David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) respaldó, en ese contexto, el trabajo de la titular del Ministerio Público.
“Es un indicador de que el Ministerio Público y la Fiscal de la Nación están haciendo bien su trabajo y afectando los intereses de quienes atentan contra la democracia y la transparencia. En los últimos tiempos (Gladys Echaíz) ha tenido un liderazgo que se esperaba hace mucho tiempo, como es el combate contra la corrupción del pasado, llámese el juicio a Fujimori, contra la corrupción del presente, el escándalo de los petroaudios y finalmente, la lucha contra el crimen organizado. Y es ahí que las autoridades del ejecutivo y la Policía Nacional deberían de redoblar todos los esfuerzos e investigar para determinar quién ha sido el autor intelectual de este atentado”, aseveró.La interceptación telefónica es una actividad sumamente grave, que no debe distraer la mirada en torno a los escandalosos casos de corrupción. Tanto, las autoridades políticas, como los operadores judiciales, deben reflexionar en torno a estos rezagos del régimen fujimontesinista que pretenden nuevamente jaquear las instituciones y el sistema democrático.
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