LADO A
ENTREVISTA
Julio Arbizu, titular de la Procuraduría Anticorrupción, sostuvo que esta institución continuará impulsando la ejecución de los embargos a pesar de las denuncias, las voces contrarias y las amenazas, al comentar el embargo al exparlamentario Alberto Kouri Bumacha.
ENTREVISTA
Carlos Monge, analista político y experto en temas de descentralización, sostuvo que el presidente Ollanta Humala tiene un doble estándar, una actitud hipócrita y utiliza el rescate de los niños secuestrados por Sendero Luminoso (SL) en el Mantaro para obtener réditos políticos.
LIBERTAD BAJO PALABRA
Teresa Carpio Villegas, directora de Save the Children
ENTREVISTA
Denise Tomasini-Joshi, especialista en temas carcelarios de la Fundación Open Society, afirmó que si en el Perú se aplicara correctamente la prisión preventiva, se lograría resolver el hacinamiento en las cárceles de un día para otro, al considerar que en nuestro país el casi 60 % de los internos están detenidos bajo la aplicación de esta figura.
LADO B
ENTREVISTA
Verónika Mendoza, congresista de la República, advirtió que el bloqueo de cuentas de los gobiernos regionales y la declaratoria de los estados de emergencia, pareciera que se va a instituir como práctica y como mecanismos de amedrentamiento contra aquellos que tengan una posición discrepante.
ENTREVISTA
Wrays Pérez Ramírez, copresidente de la Comisión Especial Permanente de los pueblos Awajún y Wampis (CEPPAW), informó que la población de las comunidades nativas de Condorcanqui y Bagua remitieron una carta al presidente Ollanta Humala para exigir el retiro inmediato de las mineras Maurel Et Prom y Minera Dorato, por incumplir la Ley de Consulta Previa.
LIBERTAD BAJO PALABRA
Gaby Cevasco Farfán, directora ejecutiva de Flora Tristán
ENTREVISTA
Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés), dijo que el Poder Judicial, la justicia constitucional, debería jugar un rol clave en la resolución de los conflictos mineros porque antes de cualquier diálogo se debe tomar en cuenta las obligaciones del Estado y de las personas afectadas.
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