viernes, 9 de noviembre de 2012

Informes Especiales 09 de noviembre de 2012


LADO A

ENTREVISTA
José Peláez Bardales, fiscal de la Nación, afirmó que en la próxima reunión de la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), el Perú pedirá a los fiscales de Latinoamérica y de parte del mundo una colaboración más amplia para perseguir a quienes hagan apología del terrorismo. Asimismo, señaló que el congresista Kenji Fujimori demostró que su padre Alberto Fujimori está en un local amplio y con comodidades.

ENTREVISTA
Julio Arbizu, procurador anticorrupción, sostuvo que el legislador Kenji Fujimori le ha hecho un flaco favor a la causa del indulto, pues queda claro que las condiciones carcelarias de la que goza el expresidente Alberto Fujimori no ponen en grave riesgo su salud.

ENTREVISTA
Coletta Youngers, asesora principal de Washington Office on Latin America (WOLA), sostuvo que sería una tragedia y un gravísimo retroceso que se indulte al expresidente Alberto Fujimori sin que se cumplan las normas para una gracia presidencial, al considerar que su prisión en la Diroes es lujosa y que hasta ahora no existen evidencias de que el exjefe de Estado sufra de una enfermedad terminal.

LADO B

ENTREVISTA
Carmen Omonte, congresista de Perú Posible, aseveró que su bancada estará en contra de cualquier cambio en las reglas de juego que faciliten la eventual postulación de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, a la Presidencia de la República. Afirmó, además, que hay una vocación de determinado sector para que no se elija a miembros del TC.

ENTREVISTA
Alberto Adrianzén, vicepresidente del Parlamento Andino, remarcó que la campaña contra el exembajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch, tuvo como blanco principal al ministro Rafael Roncagliolo y forma parte de un plan para sacar a la izquierda del Gobierno, al considerar que lo que se busca es liquidar al canciller y su política exterior integracionista.

ENTREVISTA
Iván Montoya Vivanco, ex integrante de la Procuraduría Ad Hoc, manifestó que el Tribunal Constitucional (TC) debe suspender temporalmente sus decisiones en los casos más sensibles si es que el Congreso se aboca en un corto plazo a renovar el máximo intérprete de la Carta Magna.

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