Ideeleradio.- La minería es sin duda una de las actividades que más ingresos genera al Estado, utilidades a los trabajadores, dividendos a las empresas y en algunos casos desarrollo para las regiones. Pero es también, por incumplimiento de las obligaciones socioambientales y la omisión del Gobierno, fuente de constantes conflictos, fenómeno que se mantiene tanto en épocas de opulencia como de crisis económica-financiera.Situaciones como el traslado de la ciudad de Cerro de Pasco, debido a la explotación de la minera Volcán, la contaminación por mercurio en Choropampa y la difusión de fotografías que implicarían a trabajadores de Río Blanco Cooper (ex Majaz) en actos de tortura contra pobladores de Huancabamba, son sólo árboles en el bosque.
El ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, afirmó a Ideeleradio, que los responsables de los excesos cometidos en este campamento minero deben ser sancionados de acuerdo con la ley.
“Eso tiene que investigarse, judicializarse y los responsables tienen que ser sancionados. El Ejecutivo no interviene directamente, eso es cuestión de la Fiscalía y del Poder Judicial. Los excesos de ambos lados, tanto de empresas, de la Policía o de quien sea o de los comuneros o pobladores locales, tienen que ser de acuerdo a ley. Yo o puedo porque protesto por algo, destruir, quemar, agredir, matar o lo que sea. Tenemos que para a la cultura del diálogo y la concertación, ponernos de acuerdo para hacer alguna empresa o permitir la explotación de algún recurso natural. Los excesos no deben producirse y tienen que ser sancionados”, indicó.Tras este pronunciamiento, aún no existen resultados. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), lamentó que lejos de acelerar la identificación de los involucrados en este caso, se agilicen las investigaciones contra los propios comuneros, ronderos y medioambientalistas que respaldan a las comunidades.
Subrayó que no debe haber ‘patente de corso’ para que las mineras se instalen en cualquier lugar y sin ningún tipo de restricción.
“No es que debe haber patente de corso, para que la explotación y exploración minera se instale en todo lugar, a como de lugar, sin considerar los legítimos derechos de la población comunera, campesina, rural, a desarrollar otras formas de actividad productiva que también de satisfacciones. Entonces hay una compleja trama por la cual operan en esta zona avasallando derechos. Lo que ahora debemos exigir es que el Estado asuma su obligación y responsabilidad de garantizar que el medio ambiente sea protegido y se ejerza el uso racional de estos recursos naturales”, señaló.Marco Arana, directivo del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), consideró que el actual gobierno ha retrocedido en todo lo relacionado a la protección de las comunidades e indicó que un ejemplo de ello, es que se ha recortado el plazo de participación de los ciudadanos en los estudios de impacto ambiental.
Con respecto al caso de Choropampa, anunció en Ideeleradio, que los pobladores denunciaran al Estado por su inacción frente a la contaminación de mercurio, en esta ciudad cajamarquina.
“Lo que resulta claro es que el gobierno de Alan García muestra un claro retroceso en la protección de derechos y en materia de ordenamiento jurídico de la inversión privada y ambiental y social, respecto del gobierno anterior. La Sociedad Nacional de Minería ha pedido que incluso se brinden normas de emergencia por la crisis financiera internacional, para que se haga un plan de emergencia para el sector minero y están pidiendo que no se tomen en cuenta los planes de ordenamiento territorial de las municipalidades, entonces quieren permiso para hacer minería donde sea, sin ninguna restricción. Por ejemplo, el caso de Cerro de Pasco es un caso dramático en el que la empresa misma viene manipulando sectores de la población”, refirió.Si de algún caso de afectados por la actividad minera hay que hablar, Cerro de Pasco es emblemático. La explotación a tajo abierto de reservas de minerales de plomo, plata y zinc, ha provocado que esta ciudad esté a punto de desaparecer y que más del 80% de los niños y madres gestantes de diversos poblados, presenten un 89% de prevalencia de plomo en la sangre.
La población demanda a la minera Volcan el pago de una indemnización por los daños producidos al medio ambiente, la salud y su entorno comunal. Durante este año además se han registrado, conflictos en Ayacucho y varias zonas de la selva, debido a asperezas con algunas empresas petroleras.
José de Echave, representante de CooperAcción, aseguró que este tema forma parte de una agenda pendiente del Ejecutivo, el cual afirmó estaría desesperado en lograr que las inversiones no se alejen del país.
“Hay una sensación de desesperación de parte del gobierno, para que los niveles de inversiones no se caigan y en esa desesperación no se dan cuenta que aún hay mucho por hacer para construir una mejor gobernabilidad, una gobernabilidad democrática alrededor de las industrias extractivas. Creo que detrás de los conflictos que se están produciendo en el país en torno a la actividad minera, hay una demanda muy clara de mejorar los mecanismos de participación ciudadana, la gente está pidiendo ser informada cuando sus territorios son entregados a concesiones mineras, la gente está pidiendo participar en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Además están planteando con claridad, que se mejoren los mecanismos de gestión ambiental en el país”, sostuvo.
El último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo identificó en enero 100 casos de problemas que corresponden a conflictos socioambientales, 66 se encuentran en estado activo y 34 latentes. Con respecto al mes anterior se aprecia un incremento de 9 casos. Es indispensable que se le dé una mirada integral a esta problemática y no se aliente la inversión a cualquier precio. 
