LADO A
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ENTREVISTA
Eduardo Ballón, jefe encargado del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) dijo que las compras con las empresas Alicorp, Deprodeca [distribuidor del Grupo Gloria], y Pesquera Hayduk serán revisadas, y que se señalarán las eventuales responsabilidades administrativas y penales en los procedimientos de adquisición.
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ENTREVISTA
Juan Carlos Eguren, congresista de Alianza por el Gran Cambio, sostuvo que la presencia de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, en las diversas reuniones a las que asiste el jefe de Estado, Ollanta Humala, genera la percepción de que el mandatario no posee autoridad ni fortaleza en la toma de decisiones, sino más bien que carece de liderazgo.
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LIBERTAD BAJO PALABRA
Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior.
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ENTREVISTA
César Acuña, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), enfatizó que el Gobierno tiene que actuar con mucho cuidado porque si no busca una forma de diálogo con el empresariado y con la población, los grandes afectados serían los gobiernos locales y regionales en referencia a la administración del canon minero.
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LADO B
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ENTREVISTA
Eduardo Vega, defensor del Pueblo, invocó al Poder Ejecutivo a fortalecer la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, para evitar que se produzcan situaciones como la de Cajamarca, Andahuaylas, Huaraz, donde se comenzó a actuar cuando la controversia estaba en su fase crítica.
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ENTREVISTA
Jaime Delgado, congresista de Gana Perú, consideró que la multinacional Telefónica debe cancelar los 2,132 millones de soles que adeuda a la Sunat para recién iniciar una etapa de renovación de la licencia de telefonía móvil, la misma que puede ser concesionada a otra empresa que sí cumpla con sus obligaciones con el Estado.
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LIBERTAD BAJO PALABRA
Javier Portocarrero, economista y director del CIES.
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ENTREVISTA
Santiago Pedraglio, analista político, refirió que el reciente discurso del presidente Ollanta Humala podría traducirse no solo como el derecho del Gobierno de ejercer su autoridad con aquellos grupos que afectan el orden interno durante los paros o movilizaciones, sino también con aquellos empresarios mineros que condicionan su inversión.
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