Informes Especiales 27 de Agosto 2008

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

CASO FUJIMORI: LA ALIANZA APROFUJIMORISTA VS. EL AVANCE EN EL MEGAJUICIO (Descargar mp3)
Federico Andreu, perito franco-colombiano; Antonio Salazar, integrante del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL); Máximo San Román, ex vicepresidente; Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista; Aníbal Torres, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Henry Pease García, ex presidente del Congreso, Henry Pease García.

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Susana Villarán, ex ministra de la Mujer y consultora en derechos humanos

CASO CASTILLO PÁEZ: UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL (Descargar mp3)
Francisco Soberón Garrido, director de Aprodeh; Gisela Vigñolo, Adjunta en Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo; Cromwell Castillo, padre de Ernesto Castillo Páez; Pablo Talavera Elguera, Presidente de la Sala Penal Nacional; Carlos Rivera Paz, Coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Pepi Patrón, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.

LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

EL CONFLICTO CON LOS NATIVOS, LA IMPOSICIÓN DEL GOBIERNO Y LA FALTA DE CONSENSO (Descargar mp3)
Enrique Bernales, director de la Comisión Andina de Juristas; Hugo Gonzales, presidente regional del Cusco; Robert Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); César Villanueva, coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR); Carlos Reyna, analista político.

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Samuel Abad, analista y ex defensor adjunto en temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo

CASO CASTRO CASTRO: UNA ACLARACIÓN DE LA CORTE QUE SATISFACE AL ESTADO Y A TODOS LOS PERUANOS (Descargar mp3)
Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL); Luis Alberto Salgado, ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos; María Clara Galvis, consultora internacional y experta en temas de derechos humanos; Ernesto Alvarez, integrante del Tribunal Constitucional

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Rolando Ames, ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Informes Especiales 21 de Agosto 2008

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Ernesto Álvarez, integrante del Tribunal Constitucional (TC)

EL TRANSPORTE Y LA FALTA DE ESTRATEGIAS A UN PROBLEMA QUE ENLUTA AL PAÍS (Descargar mp3)
Juan Tapia Grillo, director del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre (Cidatt); María Jara Comisionada de la Adjuntía de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo; Vladimiro Huaroc, presidente Regional de Junín; Juan Carlos Dextre, profesor Asociado del Departamento de Ingeniería y Coordinador del Área de Transporte de la Universidad Católica; Gabriel Prado Ramos, experto en temas de Seguridad Ciudadana.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
José Baraybar, presidente del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL)


LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Aurelio Pastor, presidente de la Célula Parlamentaria Aprista

COPAMIENTO APRISTA: EL CARNÉ APRISTA VS. DNI (Descargar mp3)
Pedro Francke, ex presidente del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes); Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Walter Albán, ex Defensor del Pueblo; Javier La Rosa, integrante del Consorcio Justicia Viva; Carlos Ferrero, ex presidente del Consejo de Ministros.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Mario Ghibellini, periodista y analista político

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Fernando Rospigliosi, analista político y ex ministro del Interior.

Accidentes de tránsito y la falta de una política preventiva

Ideeradio.- El transporte terrestre de pasajeros se ha convertido en una máquina de muerte en los últimos meses: entre enero y junio de este año, más de mil personas han fallecido en accidentes de tránsito a nivel nacional. A pesar de que el Ejecutivo ha implementado una serie de acciones como el Plan Tolerancia Cero parece ser que son poco efectivas y necesitan ser replanteadas para enfrentar este flagelo que enluta al país.

Juan Tapia Grillo, director del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre (Cidatt) incidió en el tema de la reforma de la aplicación de las infracciones, al considerar que se debe imponer la autoridad. Explicó que según las estadísticas, hace diez años se aplicaban 100 papeletas por cada mil vehículos y enfatizó que hoy en día se aplican 800 infracciones por cada millar de automóviles. Planteó además que el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) también se incremente.

“En general debería premiarse a quienes provocan menos accidentes o no los tiene y castigar a quienes de alguna forma cometen más accidentes, atropellos o generan daños, porque esto sería como un premio para quien no lo comete y un ‘incentivo’ económico para aquel que tiene que pagar cada vez pólizas más caras, al no cumplir y cuidar al pasajero”, manifestó.

Saludó, en otro momento, la reorganización del sistema de fiscalización del Ministerio de Transportes y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Consideró que su institucionalización concentra las responsabilidades difusas, en el que se percibe muchísimos funcionarios que a la larga no quieren asumir ninguna responsabilidad respecto a los siniestros que se producen en las carreteras del país.

María Jara Comisionada de la Adjuntía de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, dijo que es necesaria también la instalación de terrapuertos para poder fiscalizar de manera más efectiva al transporte. Consideró indispensable que se reformule el Plan Tolerancia Cero, tras manifestar que su labor de supervisión ha sido bastante limitada.

“La supervisión Tolerancia Cero es una supervisión que solamente aborda algunas cuestiones del vehículo, que el chofer no esté en estado de ebriedad o que esté en el registro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para ver la cuestión laboral, pero al interior del país ni siquiera esta supervisión se está dando. El Plan tiene que trascender por eso es necesario que se incorpore el Ministerio de Trabajo para ver las condiciones laborales, la policía nacional para acompañar la fiscalización que realizan los supervisores y fiscalizadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Un ejemplo de lo que no debe suceder es la situación que ocurre en Puno donde no se realiza la supervisión de Tolerancia Cero a cargo del gobierno regional a pesar de ser una zona con alta incidencia de accidentes”, reveló.

Uno de los últimos accidentes se produjo en la región La Libertad, con un saldo de cinco muertos. Un autobús de la empresa Civa chocó frontalmente contra un camión que era conducido por un menor de edad de 16 años y que transportaba balones de gas. Para Vladimiro Huaroc, Presidente Regional de Junín es importante la creación de una unidad de control con normas más exigentes.

“Creo que este tema complejo tiene que ser asumido por una serie de sectores y organizaciones, aquí las regiones no podemos quedar excluidas y tenemos que asumir nuestra responsabilidad pero siempre hemos señalado que gran parte de las empresas tienen licencias nacionales que escapan a nuestro control y supervisión. Por ello tenemos que constituir una especie de unidad de gestión, de control, en la que todos estemos involucrados con normas más exigentes, sancionadoras y podamos llevar delante de cambiar esta cultura de informalidad tan grande que existe en el páis”, aseguró.

La Mesa Directiva del Congreso presentó un anteproyecto de ley que endurece las penas para los autores de los accidentes de tránsito, planteando una sanción carcelaria de entre cuatro y 10 años para los representantes legales de las empresas de transportes de pasajeros que permitan a sus choferes conducir en estado de ebriedad o cuyos vehículos no tengan SOAT.

Juan Carlos Dextre, Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería y Coordinador del Área de Transporte de la Universidad Católica sostuvo que la solución no sólo pasa por aplicar sanciones más drásticas sino por una mayor labor de prevención. Además sostiene que el Consejo Nacional Vial –que incorporó recientemente al Ministerio de Trabajo y a los gobiernos regionales -requiere de mayores recursos

“Lo primero que tenemos que hacer es darle recursos permanentes como se ha hecho en otros países, a veces con un porcentaje pequeño de la venta de combustibles, de la gasolina, de los impuestos, en algunos otros casos es un porcentaje de la póliza de seguro, etc. De esa manera dotan al Consejo Nacional de Seguridad Vial de un monto permanente de recursos que podrá permitir establecer sus estrategias y poder trabajar el tema sin estar requiriendo pedir dinero cada vez que quiera hacer algo. Sin un consejo sin recursos, podemos incorporar a todos los organismos públicos y privados al tema pero no va a poder ejecutar planes”, expresó.

Finalmente Gabriel Prado Ramos, experto en temas de Seguridad Ciudadana, manifestó en Ideeleradio, que no sólo se necesita liderazgo del Ejecutivo, mayor presencia policial o un compromiso de la empresa privada, sino también convicción ciudadana para exigir un servicio de calidad. Dijo que el tema de los accidentes de tránsito obliga a reformular las medidas adoptadas.

“Las experiencias internacionales que han permitido que haya un descenso considerable en los accidentes de tránsito son aquellos que han incorporado la estrategia vial en los planes de seguridad ciudadana. Los ejemplos más concretos los vemos en Colombia o en Bogotá donde los fines de semana la ingesta de bebidas alcohólicas y el exceso de velocidad ha generado un sinnúmero de muertes en los ciudadanos. Controlar la ingesta de alcohol, controlar los puntos críticos de la ciudad dan resultados positivos y eso es uno de los planos que tendría de llevarse a cabo en los próximos días para dejar de enlutar a miles de ciudadanos”, afirmó.

Como vemos existen diversas responsabilidades y esperamos que las acciones implementadas por el Ejecutivo no sean cuestión de un día o sólo respondan a la coyuntura. Se necesita de un serio liderazgo y un esfuerzo conjunto de todos para recobrar el orden, la autoridad y evitar así que las carreteras del país se tiñan de sangre, año tras año.

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El Apra y el fujimorismo: Una alianza camino a la impunidad

Ideeleradio.- Cercanía política, afinidad ideológica, pacto con sangre y alianza pro impunidad son algunas de los calificativos que recibe el notorio intercambio interesado de favores entre el Apra y Alianza por el Futuro, vaivén que se macizó, por un lado con el apoyo fujimorista a Javier Velásquez Quesquén, hoy presidente del Congreso y por otro, con la flexibilización del ya dorado régimen penitenciario de Alberto Fujimori.

Esta sensación es percibida no sólo por sectores independientes u opositores, sino también en las propias filas del partido de la estrella. Luis Alberto Salgado, ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, resume así su punto de vista, en torno a la ausencia de criterios técnicos en la resolución del INPE que termina favoreciendo al interno de la Diroes (Lima).

“Por los hechos obviamente que ha habido un entendimiento claro, porque ahora el señor Alejandro Aguinaga, médico del señor Fujimori, ocupa la primera vicepresidencia, a diferencia del año pasado que (Martha) Moyano ocupaba la segunda (vicepresidencia) - que ya de por sí era un escándalo - y a diferencia del caso de la señora (Luisa) Cuculiza que ocupó la tercera vicepresidencia. (…) Cualquier persona sensata como se dice con tres o con dos dedos de frente se da cuenta de eso. Aquí no se requiere ser muy suspicaz ni buscar tres pies al gato para ver que por donde se le mire no había absolutamente ninguna razón para ese cambio de régimen penitenciario”.

Gustavo Gorriti, periodista, analista y responsable del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo a su turno, que la bancada fujimorista representa a un partido construido y organizado en torno al encubrimiento dirigido a la impunidad. Señaló como un elemento a considerar la separación de Luis Bromley del Instituto de Medicina Legal, especialista que en numerosas oportunidades minimizó las dolencias del ex jefe de Estado.

“La salida del jefe del Instituto de Medicina Legal. Entiendo que la Fiscal de la Nación (Gladys Echaíz) dice que eso no tiene nada que ver y puede que en efecto sea así. El hecho concreto es que hay una coincidencia muy cercana entre que Aguinaga asume la vicepresidencia del Congreso y que un objeto directo de sus críticas (Luis Bromley) y que tenía que ver además con la reclusión de Fujimori a través del examen médico legal, haya salido de su puesto”, puntualizó.

Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad cuestionó que el aprismo y el fujimorismo, sigan la vieja política del ‘te doy para que me des’, situación que advirtió podría ir más allá de lo que nos imaginamos.

“Ojalá (que esto) no vaya más lejos, no en el sentido de las condiciones carcelarias, sino la aplicación misma de la justicia. Yo confío plenamente en el tribunal que está juzgando ahora al ex presidente Alberto Fujimori, pero no hay que olvidar que hay una segunda instancia, con nuevos vocales que espero tengan la honestidad y las calidades intelectuales y morales que la actual instancia”, acotó.

Gloria Cano, responsable del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), advirtió que la colisión aprofujimorista buscaría desde el Poder Legislativo, beneficiar también a aquellos personajes que pertenecieron a la red de corrupción de los noventa, como el caso del ex jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, quien cambió totalmente su testimonio en el juicio por el caso Barrios Altos y La Cantuta.

“Parte del pacto es lograr mejoras carcelarias en beneficios penitenciarios a los condenados por la mafia. Es decir, ya hay -por ejemplo- personas condenadas por el delito de desaparición forzada que no tienen beneficios penitenciarios y se querría volver a un régimen anterior donde podrían tener el dos por uno, semilibertad o libertad condicional. Sabemos que la gente que ha estado involucrada está esperando justamente estos cambios legislativos y creo que esa es la promesa que se les ha dado para cambiar algunas declaraciones que se les han dado para cambiar algunas declaraciones de que se les mejoraría (el trato) y podrían salir con beneficios penitenciarios”, remarcó.

Nelson Manrique, historiador y analista político, observó finalmente que el pacto que provino de las elecciones del 2006, se ha profundizado y fortalecido en las decisiones que recientemente adoptó el Congreso. No descartó que la desidia inicial en la extradición y la no transmisión del juicio a Fujimori por TV Perú, puedan implicar en adelante que se adopten medidas sorprendentes, pero no imposibles.

“Creo que en el Perú no se puede descartar nada. El hecho de que Alan García, haya asumido el gobierno por segunda vez, revela que en el Perú no hay nada que sea imposible. Y si bien pude parecer, poco realizable, la posibilidad de una amnistía en este momento, debemos observar que se pueden generar los acontecimientos para abrir un escenario para que esto se plantee. Por eso me parece muy oportuna, la convocatoria a una movilización para impedir que esta alianza infame permitan que el fujimorismo y Fujimori se salgan con la suya”, refirió.

Ambos grupos políticos niegan una alianza y se desviven por dar indicios de que eso no es así, pero los hechos hablan por sí solos. El Apra y el fujimorismo reviven el pensamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios.

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Informes Especiales 14 de Agosto 2008

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por partes)

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Genaro Matute, Contralor General de la República

A UN AÑO DEL TERREMOTO EN EL SUR: DAMNIFICADOS AÚN ESPERAN RECONSTRUCCIÓN (Descargar mp3)
Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Leonel Falcón, integrante de la Cruzada Cívica Anticorrupción de Ica, Juan Mendoza, alcalde de la provincia de Pisco, Isaac Serna, congresista por la región Ica, Enrique Cornejo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Edmundo Peláez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Glatzer Tuesta, director de Ideeleradio


LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por partes)

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Juan Tapia, director del Centro de Investigación y Asesoría de Transporte Terrestre (Cidatt)

EL APRA Y EL FUJIMORISMO: UNA ALIANZA CAMINO A LA IMPUNIDAD (Descargar mp3)
Luis Alberto Salgado, ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos; Gustavo Gorriti, periodista, analista y responsable del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL); Salomón Lerner, ex presidente de la Comisión de la Verdad; Gloria Cano, responsable del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh); Nelson Manrique, historiador y analista político.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Julio Favre, ex presidente del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur)

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Carlos Basombrio, analista político y ex viceministro del Interior

A un año del terremoto en el sur: Damnificados aún esperan reconstrucción

Ideeleradio.- Luego de un año del fatídico terremoto que dejó en escombros el sur del país y cuyo saldo bordeó los 600 muertos y miles de heridos y damnificados, hoy la precariedad es el común denominador de este desastre.

La desconfianza de la población en un Forsur que no fue lo que se esperaba, la falta de agilidad para transferir recursos a favor de los que aún duermen bajo esteras, las irregularidades en la elaboración de módulos prefabricados, materiales de construcción sobrevalorados, la escasez de títulos de propiedad y una desarticulación entre los tres niveles de gobierno en la tarea de generar un norte y una esperanza para la gente afectada, son algunas de las señales que indican que este año no habría sido favorable para los damnificados.

El proceso de reconstrucción ha sido un zafarrancho y refleja la ineficiencia y falta de coordinación en el Estado, sostuvo el ex presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Gastón Garatea, tras cuestionar la idoneidad del directorio del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), que no supo impulsar la reedificación de las viviendas.

“Los primeros días después del terremoto fueron buenos, porque ahí necesitabas un líder y el presidente de la República se fue a Ica, el problema viene después, después fue un zafarrancho terrible, donde una de las cosas más trágicas que se vio ahí fue la ineficiencia del Estado como Estado, lo complicado que es hacer una cosa, no se puede recoger los escombros, porque hay que pedir autorización al presidente regional, al alcalde provincial, al alcalde local, complicadísimo. Después, que no se dio solución a los problemas legales de la tierra, no se estudió lo suficientemente rápido cuáles eran los lugares donde se podía reconstruir y cuáles no. Se está reconstruyendo con exactamente los mismo defectos que tenían las casas antes del terremoto”, indicó.

Según el gobierno, existe una voluntad política para llevar adelante la reconstrucción, lo cual se refleja en que hasta la fecha, se ha invertido 1,123 millones de soles en el sur peruano.

La voluntad política se refleja en hechos concretos y la región Ica permanece en escombros con damnificados cuya paciencia se agota, ya que viven en carpas y albergues bajo condiciones precarias, mientras que la burocracia petardea el proceso de reconstrucción y el presidente García ofrece lo que no ha podido hacer en un año, aseguró Leonel Falcón, integrante de la Cruzada Cívica Anticorrupción de Ica.

Agregó que el gobierno debe reconocer sus errores y tomar en serio la reconstrucción, pues este terremoto puso en manifiesto las falencias del Estado y la falta de prevención ante los desastres.

“La burocracia petardea el proceso de reconstrucción y ahí está la grave responsabilidad del Gobierno Central que no ha dispuesto de que se agilicen y flexibilicen los mecanismos para que el dinero sea entregado. Hay colegios que están aprobados para su construcción, pero no se ejecutan porque no se sueltan las partidas correspondientes, es decir, esto es un caos, una desgracia y el pueblo iqueño lamenta que el Ejecutivo no ese esté comportando a altura de las circunstancias. Estas cifras están en el papel, pero en la práctica concreta no se ha ejecutado absolutamente nada. Los damnificados en Ica, Pisco y Chincha todavía permanecen en carpas y en esteras, han soportado el duro verano iqueño y ahora soportan el duro invierno, como quisiéramos que Alan García pase un fin de semana en una carpa, seguro que se enfermaría”, detalló.

El Ministerio de Vivienda debe liderar la segunda etapa de la reconstrucción de Pisco y hacerse cargo de Forsur, pues el proceso ha sido lento y existe un alto índice de precariedad, afirmó el alcalde de esta provincia, Juan Mendoza. En ese sentido, enumeró algunos otros pasos que el gobierno aprista no debe dejar dar.

“Número dos, que para el próximo año, las municipalidades que han sido declaradas en emergencia como Cañete, Pisco, Chincha, Ica y Yauyos, se les incremente el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) a efecto de que puedan ejecutarse mayores obras a nivel de los gobiernos locales, solamente para obras. Número tres, la flexibilización de los requisitos del Programa Techo Propio a efectos de que el segundo bono que está dando el gobierno que es de 13 mil 400 soles, no tenga como requisito el título de propiedad, que es lo que más falta en la zona de emergencia. Número cuatro, la flexibilización en los procesos de adjudicación y cinco, la expropiación de los terrenos de la zona del Alto del Molino, para poder solucionar el tema de la precariedad. Yo quisiera que esto sea más rápido, pero es definitivamente lento el proceso de reconstrucción en Pisco”, aseveró.

Es fundamental la conformación de una Comisión Investigadora que permita determinar en qué gastó el gobierno, los más de mil cien millones de soles invertidos supuestamente en la reconstrucción, pues de las 95 mil viviendas destruidas por el terremoto, a la fecha se han construido sólo 300 casas, indicó Isaac Serna, congresista por la región Ica, luego de anunciar que ya presentó una moción para constituir dicho grupo de trabajo.

Serna Guzmán criticó además el bono de seis mil soles para los damnificados, pues manifestó “no alcance ni siquiera para realizar un ambiente de 15 metros cuadrados”. El parlamentario detalló también, por qué debe reformularse Forsur.

“Forsur debe hacer toda esta tarea, concentrar toda esta reconstrucción, entregar los bonos, hacer las obras, adjudicarlas y después entregárselos a los sectores. Que Forsur como un ente autónomo sujeto a control por el Congreso y Contraloría debe asumir este rol, pero que hacemos con un Forsur que no tiene fondos, se le debe dar el lugar que corresponde a esta institución, para que pueda reformular y hacer las obras a la brevedad bajo la celeridad que se ha contemplado. Un modelo de perfil abreviado pero haciéndolo bien y no repitiendo estos ejemplos del Ministerio de Vivienda que encarga una construcción una construcción de módulos a una empresa que vende papeles. Hasta la fecha no se pasan las 300 casas construidas y aparte los bonos que son de 6 mil soles no alcanza ni siquiera para hacer un ambiente”, refirió.

Por su parte el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Enrique Cornejo, se mostró dispuesto a corregir los defectos revelados en el proceso de restablecimiento del sur del país y dijo estar preparado para asumir el reto de que Forsur sea manejado directamente por su cartera, pero indicó es necesario que en el Congreso se apruebe la Ley de Expropiación.

“Hasta el día de ayer hemos entregado en la zona, desde el 15 de agosto, más de 19 mil títulos y estoy esperando una ley del Congreso, ya mandamos el proyecto como Ejecutivo con carácter de urgencia, para que incluyan en la Ley de Expropiación un causal de expropiación en zonas de desastres naturales, porque yo tengo miles de familias que no pueden acceder a los programas porque no tienen el título e propiedad. También esto es parte del proceso y hay que explicarlo, pero sin duda también es nuestra obligación escuchar todo lo que se nos diga con mucha humildad, con gran atención y corregir as cosas que se tengan que corregir”, expresó.

No debemos olvidar que el Estado también tiene una deuda con Castrovirreyna, provincia de Huancavelica, que fue afectada seriamente por este sismo, ya que se conoció que luego de un año, no se ha destinado ni un sol para la reconstrucción de centros de salud, colegios y servicios de agua y desagüe.

Es indispensable que se generen mecanismos de institucionalidad en el país, se reflexione y no se peque de soberbios, además que se mejoren los mecanismos de coordinación entre el gobierno central y las autoridades regionales y locales, para impulsar verdaderamente este proceso, pues la situación es dramática y la población todavía no siente que a un año del desastre, se haya hecho algo para que el sur del país, no siga siendo prácticamente un campamento de refugiados.

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Copamiento aprista: El carné aprista vs. el DNI

Ideeleradio.- ¿Qué tienen en común Carlos Arana, director ejecutivo de Foncodes, Omar Quesada, de Cofopri, Iván Hidalgo, coordinador de Crecer, Fredy Hinojosa, jefe del Pronaa, Esteban Chioti, titular del Seguro Integral de Salud (SIS), Rodolfo Beltrán, responsable del Pronamachcs, Carlos Pando, director de APCI y Agustín Haya de la Torre, presidente del Ceplan?. Todos ellos cuentan con un carné aprista y dirigen programas de apoyo y desarrollo social.

La lista es larga e interminable. Según cifras del oficialismo, sólo el 10 por ciento de los funcionarios del aparato del Estado está compuesto por apristas. La verdad parece ser otra, el copamiento es evidente y deja en incómoda situación a aquellos expertos y profesionales que caminan únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pedro Francke, ex presidente del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes), cuestionó la reciente designación de Carlos Arana -uno de los militantes apristas más allegados al ex ministro Agustín Mantilla- como nuevo presidente de Foncodes y vaticinó que este inexperto funcionario, nos hará retroceder hasta el uso político de los programas sociales vista en el régimen de Alberto Fujimori.

“Lamentablemente Foncodes ha estado siempre abandonado, no se le ha dado ninguna importancia y prácticamente había cerrado sus puertas. Creo que con el señor Arana, no se va a tener ningún apoyo internacional. Se contratará una serie de gente que serán militantes del Partido Aprista, cuya labor no será mejorar las condiciones de vida de los pobres, sino movilizar con apoyo financiero a personas de diversas poblaciones, para que con promesas o amenazas puedan respaldar al partido de gobierno en mítines y movilizaciones”, apuntó.

Francke Ballve pidió al presidente de la República, Alan García transparentar el modo de selección de este tipo de funcionarios. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), tomó con sorpresa la salida del aprista Agustín Haya de la Torre, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) quien fue reasignado al Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (Ceplan). Soberón Garrido criticó la gestión de Haya de la Torre en APCI, por considerar que fue un instrumento de presión política contra las ONG.

“Con ese tipo de comportamiento no auguramos una conducción adecuada del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual debería ser un mecanismo de la concertación, el diálogo con otros actores políticos y sociales, porque se trata de orientaciones de políticas de Estado. Incluso en el tema de la cooperación en su última presentación, él ha reconocido que la cooperación ha disminuido hacia el Perú. Un país con tantas carencias, tantas necesidades todavía existentes en nuestro país, es lamentable que una gestión no haya tenido tanto éxito para lograr niveles de cooperación”, refirió.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó por su parte que no exista una Ley de Carrera Pública que garantice como mérito, la calificación personal. Lamentó que Carlos Pando Sánchez, ex vicepresidente de la Comisión de Ideología y Doctrina del APRA, asuma la presidencia de APCI, una institución que refleja la intolerancia gubernamental con quienes piensan diferente.

“Desde la APCI se había observado ya un comportamiento que tienden a tomar acciones que afectan la autonomía y la independencia de los Organismos No Gubernamentales (ONG). Entonces poner allí a un militante partidario, además con todas las calificaciones como para saber de que se trata de alguien muy cercano a los niveles de decisión de un partido, es un anuncio de que la política que se va a desarrollar en temas de cooperación internacional, no va a ser precisamente la de promover que estos recursos lleguen a organizaciones que desarrollan actividades que no le gustan al gobierno”, manifestó.

A nivel del Sistema Judicial, la situación también es preocupante por cuanto personajes fuertemente vinculados al Partido Aprista ocupan cargos importantes, como el caso de Edmundo Peláez, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Carlos Mesía, el Tribunal Constitucional (TC) y Ángel Romero, la Corte Superior de Justicia de Lima. Al referirse a este último caso, Javier La Rosa, integrante del Consorcio Justicia Viva, dijo que la sociedad civil estará atenta frente al peligro de copamiento que podría implicar la presencia de Romero Díaz en la Corte más importante del país.

“En el caso concreto de la Corte de Lima, cuando él asumió como presidente, se dieron una serie de nombramientos bastantes cuestionados, básicamente con el tema de jueces suplentes que eran convocados. El resto de magistrados rechazó este tema, porque no sólo se pensaba en una suerte de copamiento partidario, sino de ingreso de personajes con dudosa reputación y eso hay que decirlo con nombre propio, porque con actitudes como esa no se puede seguir avanzando en la reforma del Poder Judicial”, refirió.

El ex presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, denunció finalmente, un extraño cambio del padrón del Apra y el hecho de que el partido de gobierno haya despedido en los últimos tiempos a 10 mil trabajadores, a quienes no les renovó su contrato, para convocar a sus militantes y atender los reclamos de sus bases.

“Hay cosas muy graciosas, los apristas dicen, bueno, pero no está en el padrón. Y hace muy poco tiempo, los apristas redujeron su padrón de 500 a 300 mil, más o menos. Esos 200 mil o 150 mil desaparecidos de su padrón, también lo han hecho, para que no podamos nosotros cotejar, quienes de los empleados públicos están en el padrón del Apra. (…) Yo simplemente le digo a la opinión pública. Si acaso no sería conveniente que todos tuvieran acceso al padrón del Apra, al nuevo padrón y al antiguo y que todos pudiéramos conocer el nombre de los empleados que han ingresado por servicios personales en los últimos dos años”, dijo.

La sociedad civil debe estar atenta frente al uso del carné aprista. El compromiso presidencial del no copamiento, es ahora una de las decenas de promesas incumplidas. Debe quedar claro, que las instituciones le pertenecen al país, no al partido de gobierno.

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Informes Especiales 07 de Agosto 2008

LADO A (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado A por Partes)

RECORDANDO LA PROMESA PRESIDENCIAL: INDEPENDENCIA DEL NUEVO CONTRALOR (Descargar mp3)
Inés Arias, coordinadora de Transparencia e Institucionalidad de Forum Solidaridad Perú; Ollanta Humala, líder del Partido Nacionalista; Jaime Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep); Javier Alva Orlandini, ex presidente del Tribunal Constitucional; David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Carlos Monge, analista político e integrante del Grupo Propuesta Ciudadana

MENSAJE PRESIDENCIAL: SIN SORPRESAS, SIN AUTOCRÍTICA Y SIN MAYORES COMPROMISOS (Descargar mp3)
Fernando Tuesta Soldevilla, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica; Alberto Adrianzén, analista político; Susana Villarán, ex ministra de la Mujer e integrante del partido Fuerza Social; Juan Sheput, dirigente de Perú Posible; Ernesto de la Jara Basombrío, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL).

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Gustavo Gorriti, analista político y responsable del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL).


LADO B (Descargar Programa Completo mp3)
(Lado B por Partes)

UN NUEVO MINISTRO Y UNA NUEVA LÓGICA EN LA DESCENTRALIZACIÓN, VER PARA CREER (Descargar mp3)
Yehude Simon, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; Javier Azpur, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana; Ernesto Molina, presidente regional de Ayacucho; Hernán Fuentes, presidente de la región Puno; Luis Thais, ex presidente del Consejo Nacional de Descentralización.

COLUMNA DE OPINIÓN: LIBERTAD BAJO PALABRA (Descargar mp3)
Pedro Francke, miembro de Foro Salud y ex director de FONCODES

LAS AUSENCIAS QUE PINTAN DE CUERPO ENTERO AL GOBIERNO (Descargar mp3)
Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza; Manuel Iguíñiz, integrante del Foro Educativo; Iván Ormachea, director ejecutivo de ProDiálogo; Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética; Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh.

ENTREVISTA: (Descargar mp3)
Ernesto de la Jara, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Las ausencias que pintan de cuerpo entero al gobierno

Ideeleradio.- La imposibilidad de expresar la real y completa política de gobierno en un mensaje presidencial de tan poco tiempo, es parte del argumento utilizado por el oficialismo para defender los temas ausentes y las notorias imprecisiones de lo que hará el primer mandatario Alan García Pérez en los próximos tres años. Aspectos que, sin embargo, guardan relación con los hechos, pues días después persiste el desconocimiento de cómo se abordará la inflación, se mantiene la omisión de un incremento salarial y perdura la falta de voluntad política en la prevención de conflictos sociales, la lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos.

El padre Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza comentó al respecto que sigue siendo una incógnita cómo se abordará el alza del costo de vida. Si bien saludó que la pobreza haya formado parte del discurso presidencial, restó importancia a la posibilidad de que los ministerios reduzcan sus presupuestos para reorientarlos a los programas sociales. Consideró que el modo de enfrentar la inflación y la miseria abarca aspectos más de fondo.

“Yo voy a seguir peleando por una cosa que es el Registro Único de Beneficiarios, mientras no tengamos eso vamos a seguir llorando sobre gente que recibe mucho y que no recibe nada. Ese es un asunto, me parece que hay tocarlo con más seriedad, de lo que se está haciendo hasta ahora. Pero yo creo que si ha habido progresos interesantes. A mí me ha entusiasmado la estrategia de Crecer, creo que allí ha habido un paso muy importante al saberlos unificar los programas sociales. Y eso me parece que sí es bueno, señaló.

Se prevé justamente que el programa Juntos amplíe la cobertura de sus beneficiarios de 638 a 880 distritos, y se anunció por otra parte, que no habrá ningún tipo de recorte en el programa de Vaso de Leche, tras una masiva protesta pública.

Manuel Iguíñiz, integrante del Foro Educativo, resaltó por su parte que el régimen se haya reafirmado en mantener la infraestructura de los colegios y advirtió que la reducción de las brechas del aprendizaje en los primeros grados, el nivel inicial y rural, así como la calidad de los exámenes en las evaluaciones magisteriales no fueron aspectos abordados por el jefe de Estado, entre otros puntos medulares.

“Ya son dos años en que no se producen ningún aumento al magisterio que sirva de incentivo y el otro tema es cuando van a ingresar a la carrera pública, porque si se había previsto 10 años para que pasen a la nueva carrera, a este ritmo no vamos a llegar ni en 10, ni en 20 años. Evidentemente que el tema que ha llamado la atención es el Ministerio de la Cultura, que es un viejo reclamo, pero que debería ser mucho más neto el planteamiento del presidente que va a someterlo a un diálogo por parte del Congreso. Creo que lo primero que hay que hacer en el gobierno es decidir una política cultural y luego crear un organismo ad hoc para esa política cultural. No podemos crear otro elefante burocrático”, refirió.

Paradójicamente, en San Martín se quemaron libros distribuidos por el Ministerio de Educación, pues estos contenían un garrafal error: Ubicaban a la Ciudadela del Gran Pajatén en La libertad y no en esa región nororiental.

El hecho pasó a formar parte la estadística de los conflictos sociales en el país, un asunto tan venido a menos por la administración aprista, en relación al informe de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de 147 controversias registradas al 31 de julio. Iván Ormachea, director de ProDiálogo, dijo al respecto, que el tema es preocupante, porque revela que la Unidad de Prevención de la Presidencia del Consejo de Ministros no ha funcionado, más allá de la propuesta de crear en cada ministerio una dependencia dedicada a esta tarea.

“Yo creo que puede ser una alternativa, pero más que crear esas unidades, eso se debe a una clara visión sobre que es lo que el Estado debe de hacer para prevenir y administrar conflictos; y esta claridad no existe y no es que se un tema económico. La Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos, ha tenido desde hace tres años el aporte económico muy comprometido de distintas entidades de cooperación internacional. Lamentablemente no ha logrado aún consolidarse como una unidad que efectivamente logre prevenir y llegue a alertas tempranas en situaciones conflictivas. Lo único que ha hecho es administrar el conflicto en su peor situación, es decir en situaciones de crisis”,

Y si a crisis hay que referirse, la falta de enfoque presidencial en la lucha contra la corrupción encaja perfectamente en ese diagnóstico, sostiene Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética. La ex ministra comentó en Ideeleradio, la posibilidad que evalúa el gobierno de desactivar la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) que lideraba la ex magistrada Carolina Lizárraga, análisis que por cierto, se da en un escenario de supuestas prebendas para lograr la presidencia del Congreso y el cambio de régimen penitenciario de Alberto Fujimori.

“Me parece que dentro de lo viable es lo más conveniente, porque no se crearían nuevas instituciones, porque ya se desmanteló la que se hizo, que no sabemos cual fue su plan de trabajo, que no tiene equipo de gente. Yo pienso que lo mejor, en este momento, es trabajar a favor de la Contraloría, darle recursos, darle mucho más capacidad de penetración en los asuntos de la sociedad, porque nadie conoce lo que hace la Contraloría. Y uno de los grandes problemas es que no existe la noción del control, el control de los partidos políticos, de la sociedad, el control del gobierno, de los gobiernos; todas las oficinas de control, funcionan mal”, manifestó.

Finalmente y no menos importante, hoy reina el mutismo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el impulso a la judicialización de casos o la instalación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh, mostró su preocupación al respecto, tras reconocer que existe cierto enfoque en materia de reparaciones colectivas.

“Pienso que el gobierno del presidente García es un régimen completamente peleado con el tema de derechos humanos. Tiene que ver obviamente con los crímenes que se cometieron en su primer gobierno, pero creo que el comete un error al no tener una actitud favorable a los derechos humanos. Esto de cerrar los ojos, de no impulsar las reparaciones o la judicialización, a la larga o a la corta, lo va a perjudicar directamente a él. Creo que es un tema que debe reflexionar y cambiar de actitud con este tema. Y los peruanos tenemos que seguir exigiendo esta movilización de parte del Ejecutivo y obviamente el próximo 2011 saber claramente por quien votar y no por el mal menor que a veces se convierte en el mal peor”, declaró.

Existe entonces la urgente necesidad de que se reforme el alma del Estado, para tomar en cuenta una agenda impostergable. De continuar esta perspectiva negativa, tendríamos que hablar ya no de reformas, sino de exorcismos.

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Un nuevo ministro y una nueva lógica en la descentralización: Ver para creer

El denominado shock descentralizador del gobierno aprista estuvo caracterizado en estos dos años de gestión, por promesas incumplidas, transferencias incompletas, intercambios de calificativos, constantes fricciones entre lo presidentes regionales y el Ministerio de Economía y un mensaje presidencial poco alentador. Tras el ingreso a esta cartera del nuevo ministro Luis Valdivieso, aparentemente hoy luego de un diálogo fluido, se habré una nueva ventana de impulso a la descentralización, que esperamos no sea pasajera.

Para Yehude Simon, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es indispensable, que las autoridades departamentales den “picotazos de zancudo” al Poder Ejecutivo, para se mantenga el diálogo con el interior del país y esta vez sí se cumplan las promesas ofrecidas. En ese sentido, dijo esperar que el ministro Valdivieso zanje la deuda que posee actualmente el gobierno central con los jubilados, maestros, médicos, enfermeras y los más pobres del país.

“No hay que dejarlo tranquilo al gobierno, al Ejecutivo; hay que estar picoteando constantemente con buena forma por cierto, porque una cosa es un picotón de alacrán y otra la de un zancudo. Yo prefiero este último, para poder molestarlos, pero no envenenarlos. Constantemente hablando, dialogando, hacerles que vuelvan a la realidad y demostrar que nosotros no somos enemigos del gobierno, demostrar también que necesitamos desarrollar nuestros pueblos. En el tema de la descentralización fiscal se ha avanzado un poquito pero falta, hay que acelerarlo y no lo pueden alargar porque creo que hay que asumirlo con responsabilidad y entendiendo que es la herramienta vital justamente para la lucha contra la pobreza. Todavía no se está atacando con la responsabilidad que todos quisiéramos”, aclaró.

El también titular de la región Lambayeque, insistió en que se concrete pronto una tasa de interés para los recursos regionales, que hoy deben permanecer en el Banco de la Nación y demandó no se deje de lado el proceso de regionalización.

Pese a que en el mensaje presidencial no tuvo un enfoque descentralizador, es positivo que el nuevo titular de Economía haya optado por iniciar un diálogo directo con las autoridades regionales y señalado que no habrá un recorte en los recursos que reciben las regiones, manifestó el coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, Javier Azpur.

El especialista en descentralización dijo a Ideeleradio que ahora es el momento de pasar del diálogo a acuerdos específicos, relacionados a definir una propuesta de descentralización fiscal, avanzar a lo que se denomina un mapa tributario y pensar con seriedad en una integración regional.

“Hay evidentemente temas sobre los cuales el gobierno parece no tener interés o propuestas claras. Uno descentralización fiscal, otro tiene que ver con una adecuada distribución de las competencias y funciones que sigue estando pendiente, por más que el gobierno señale reiteradamente que ya transfirieron todo, pero cuando uno mira las propias estadísticas del gobierno se da cuenta que no es así y que no hay una adecuada distribución de esas mismas funciones entre los tres niveles de gobierno. La asignación de cada uno, de su rol, de hasta donde llegue y donde empieza su responsabilidad, sigue siendo una tarea pendiente. La tercera, es el tema de la coordinación intergubernamental, está planteado el Consejo de Coordinación Intergubernamental, pero todavía no se concreta en un reglamento que permita realmente definir una instancia de conducción estratégica”, indicó.

El presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina saludó la reunión entablada con el ministro de Economía y anunció que conjuntamente con los titulares de Huancavelica y Apurímac, solicitará se les destine mayores recursos, debido a los altos índices de pobreza que se registran en estos departamentos.

“Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, los tres presidentes regionales estamos coincidiendo para que nuestros techos presupuestales se respeten e incluso pidiendo un poco más porque estas regiones necesitan salir cuanto antes de la pobreza extrema. Estamos haciendo un pedido formal para tener un tratamiento prioritario en las inversiones, obviamente orientado a proyectos productivos y básicamente al sector salud, educación y agricultura. También están pendientes algunos aspectos referentes a la descentralización, como por ejemplo, que muchos Organismos Públicos Descentralizados (OPDs) todavía no son transferidos a los gobiernos regionales y locales, de tal manera que esta es una alternativa que esperamos también se viabilice”, solicitó.

Es preciso resaltar que entre las principales demandas de los presidentes regionales con miras al año 2009 figuran la instalación de una comisión mixta para impulsar la descentralización fiscal, la búsqueda de mecanismos de compensación a las regiones que no reciben canon, medidas para agilizar la inversión pública, la implementación del CEPLAN y las transferencias de recursos en Salud y Educación.

Para el presidente de la región Puno, Hernán Fuentes, quien no asistió a la reunión sostenida en la PCM, es primordial que el nuevo ministro de Economía, Luis Valdivieso, no continúe con la “mecida” que ha venido realizando el Gobierno Central a las autoridades departamentales durante estos dos años, como la promesa de transferir a las regiones el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS).

“Esperamos que el nuevo ministro de Economía y el presidente de la República, de hoy en adelante atiendan de manera seria y realmente desechen y dejen de lado esos trámites burocráticos en todo el proceso de aprobación de expedientes, de proyectos, de licitaciones, se simplifiquen los términos, los plazos. Por ejemplo para los concursos públicos, las licitaciones, los procesos de adquisición de materiales, es necesario que se simplifiquen porque seguimos amarrados a esos trámites burocráticos del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) y otros. Que sea una medida realmente real y efectiva y que haya una voluntad política para resolver este momento. Eso lo hemos planteado desde el año pasado y sin embargo hasta ahora no se deciden a hacer esta simplificación de trámites. Que no estén meciendo a los presidentes regionales, realmente nosotros no estamos para ese tipo de burlas”, demandó.

Luis Thais, ex presidente del Consejo Nacional de Descentralización, señaló a Ideeleradio que existen tres puntos en los que los presidentes regionales deben insistir ante el Poder Ejecutivo: la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), una nueva ley del canon y la implementación del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

“Es muy importante descentralizar el SNIP y darles la responsabilidad a los presidentes regionales de declarar sus proyectos viables siguiendo la metodología del MEF y con un control de la Contraloría y del MEF al respecto. Creo que hay que rehacer la Ley del Canon, el canon debe darse a todos los gobiernos regionales y de otro lado crear un fondo de reserva del canon para los años en que no haya plata. Debería de acordarse con los presidentes regionales las prioridades de gasto, eso significa que el país como un todo, tiene que tener una visión a futuro de su desarrollo”, propuso.

El especialista manifestó además que para impulsar una futura regionalización es necesario modificar la Ley que establece la realización de un referéndum y optar a manera de piloto, por asociaciones entre departamentos, esto con el fin de crear las condiciones para que los ciudadanos se den cuenta poco a poco, de los beneficios de este proceso.

Es indispensable que exista mayor presencia y participación de autoridades regionales, alcaldes rurales y la sociedad civil en la descentralización del país, pues sólo así se podrá definir una verdadera integración de las regiones y una descentralización eficaz. Sin la presencia de un planeamiento adecuado y de una institución que conduzca técnica y políticamente el proceso, sólo continuaremos escuchando anuncios y quejas producto de acuerdos incumplidos.

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Mensaje presidencial: Sin sorpresas, sin autocrítica y sin mayores compromisos

Ideeleradio.- Sin mayores sorpresas el presidente Alan García Pérez emitió su mensaje por 28 de julio, tedioso por momentos y poco convincente, quizá porque esté cansado o sienta que lo realizado hasta el momento ha sido lo suficiente para cumplir con su mandato- Si bien se le escuchó una autocrítica por no atacar problemas en salud, seguridad y corrupción, no dijo nada sobre cómo hará para corregirlos. Así lo sostienen diversos analistas consultados por Ideeleradio quienes evaluaron lo señalado por el jefe de Estado en su discurso por fiestas patrias

Fernando Tuesta Soldevilla director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica opinó que el mensaje del 28 de julio fue gris, desordenado, pobre de contenido y que no tendrá ningún impacto en la imagen presidencial. Anotó, que los mensajes presidenciales suelen tener cierta resonancia sólo cuando entregan algún nivel de propuesta.

“El mensaje presidencial no va a tener ningún impacto significativo y la percepción de los que tuvieron que escucharlo -cerca de dos horas- fue que no estaba a la altura del presidente Alan García. Fue un mensaje gris, poco brilloso, un mensaje que no estaba a la altura de un hombre que cultiva mucho la palabra y el discurso como el presidente García. Fue un mensaje que da inicio un tercer gobierno pero no con buenas luces. Fue un listado largo, tedioso, que juntó lo que sus ministros probablemente le entregaron para su discurso. Un mensaje donde no quiso comprometerse casi con nada, que no mostró ningún cambio. Un mensaje para el olvido”, aseveró

A su turno el analista político Alberto Adrianzén Merino sostiene que el mandatario durante su discurso ha insistido en reiterar que lo realizado hasta el momento por su gestión es lo correcto, a pesar de que la mayoría de los peruanos lo desaprueba en las encuestas y considera que gobierna para los ricos. Indicó que si bien se habló de crecer con prudencia, de combatir la pobreza y de reducir la inflación, no ha explicado cómo lo va a lograr.

“El presidente habló de crecer con prudencia, combatir la pobreza y bajar la inflación. Sin embargo en ningún caso ha explicado cómo hacerlo. Los cinco puntos que ha bajado la pobreza en este último año ya fue disuelto por el aumento de precios y por la inflación. Entonces no basta hacer declaraciones típicas sino dice cómo hacerlo y en otras áreas como lo referido a la corrupción no ha dicho nada”, cuestionó.

Otro de los aspectos que fueron cuestionados del mensaje, fue la denominada “reforma del alma” planteada por el jefe de Estado Alan García Pérez. Para Susana Villarán de la Puente ex ministra de la Mujer e integrante del partido Fuerza Social es una burla al país lo expresado por el mandatario en medio de un festín de arreglos bajo la mesa con el fujimorismo, para alcanzar la presidencia del Congreso

“Decir que debemos hacer una revolución del alma, porque sino este crecimiento no tiene sentido, es una burla del presidente Alan García, en medio de tal festín de prebendas y arreglos bajo la mesa, con quienes más han envilecido el país como ha sido (Alberto) Fujimori y su secuaces. A mí me dio risa lo señalado, porque de lo contrario todos tendríamos que llorar”, cuestionó

Villarán de la Puente, además consideró como una oportunidad perdida, el discurso del 28 de julio tras señalar que los temas de la redistribución y la lucha contra la pobreza fueron los grandes temas ausentes. Estimó que el primer mandatario está cansado o casi dormido sobre los laureles de quienes se benefician con el crecimiento económico.

Por su parte, el dirigente de Perú Posible Juan Sheput Moore consideró que el momento de autocrítica del presidente Alan García hacia su gestión ha sido simplemente para las tribunas porque los hechos concretos señalan que ha pactado con el fujimorismo, que no está luchando contra la corrupción y que existe incompetencia en los distintos sectores de su gobierno. Al respecto dijo que se demostró la falta de visión de largo plazo.

“Hemos notado como el presidente ha carecido de una visión de Estado, de una visión de largo plazo, no hay planificación, a tal punto que el presidente cada vez que da un mensaje crea una nueva institución como en su segundo mensaje como el Pacto Social que nunca funcionó y una Oficina Nacional Anticorrupción que está a punto de desaparecer. Ahora en este tercer mensaje saca de la galera el tema del Ministerio de la Cultura cuando en este gobierno no hay una política cultural. Ese gran desorden que hemos visto, esta abundancia de cifras improbables, esta carencia de grandes temas de corrupción nos hace pesimistas para este tercer gobierno. Yo particularmente no le creo nada”, anotó

Frente a este contexto Ernesto de la Jara Basombrío, director fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL) sostiene que el presidente Alan García Pérez tiene una oportunidad histórica para avanzar en la construcción de un país atacando los problemas de fondo y si la desaprovecha será el culpable de lo que ocurra en el 2011.

“Tenemos una gran oportunidad histórica que no deberíamos desperdiciar y aprovechar para resolver los temas de fondo. Avanzar en la construcción de una nación, de un país, de todo. Nos preocupa el corto plazo y lo que pueda ocurrir después, el 2011 no está tan lejos. El país votó por un supuesto mal menor porque garantizaba la democracia, porque no era el candidato de los ricos, porque dijo que iba a reivindicar el país y ser eficiente en su gestión, pero de pronto la mayoría de peruanos se encuentra con esta clase de resultados. Ahí el mal menor va a ser mucho peor”, advirtió

Como vemos pocos anuncios y grandes omisiones fue lo que caracterizó al presidente Alan García durante su discurso por fiestas patrias, una prueba de que se nos viene más de lo mismo.

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Recordando la promesa presidencial: Independencia del nuevo contralor

Ideeleradio.- “He planteado que la figura del jefe del sistema anticorrupción o zar anticorrupción recaiga en una persona ajena al partido de gobierno y comprometida con el tema. Igual debe ocurrir con la Contraloría General de la República para la cual solicitaré a los colegios profesionales y los grupos políticos con representación en el Congreso, propuestas sobre una personalidad confiable y ajena por completo al partido de gobierno y al gobierno mismo”

El presidente de la República Alan García Pérez, se comprometió el 28 de julio del 2006, a cambiar la historia en la elección de quien será el máximo responsable de la Contraloría General de la República, aquel funcionario autónomo que se encarga, por mandato de la Constitución Política del Perú, de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto, de las operaciones de la deuda pública y de fiscalizar los actos de todas las instituciones del Estado.

El contralor Genaro Matute terminará sus funciones el próximo 29 de octubre y es por ello, que surge la necesidad de recordarle este compromiso que asumió al inicio de su mandato, pues es García Pérez quien debe proponer al Parlamento un candidato que será evaluado y eventualmente ratificado por el Congreso.

Inés Arias, coordinadora de Transparencia e Institucionalidad de Forum Solidaridad Perú, exigió a través de una campaña respaldada por 28 Organismos No Gubernamentales (ONG), que nuestro gobernante inicie las consultas del caso, con los colegios profesionales y grupos políticos con representación en el Parlamento, para someter a observación pública al aspirante a contralor. Explicó por ello, que el Ejecutivo y la Representación Nacional deben tomar algunos puntos en consideración.

“La campaña que nosotros hemos iniciado exige al Poder Ejecutivo - que es la primera parte de todo este proceso de designación del contralor general de la República- que el proceso sea transparente y abierto al escrutinio público. Es decir, lo que nosotros queremos es que se publique la hoja de vida de los postulantes o de la persona propuesta. Creemos que la persona que esté a cargo de la Contraloría debería tener cualidades éticas, morales, pero también técnicas como ha indicado el contralor Genaro Matute”, precisó.

El líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso, enfatizó en que el aspirante a contralor no debe tener militancia, simpatía o cercanía con el Partido Aprista Peruano y remarcó que éste debe cumplir escrupulosamente con los requisitos y restricciones señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, para evitar posteriores condicionamientos o limitación en sus funciones. Hizo además una propuesta que inició el debate de este tema.

“El tema pasa porque no sólo tiene que ser independiente en apariencia, sino en el fondo. Hay que ver que el próximo contralor cumpla con los requisitos que establece el reglamento. Y creo que lo ideal fuera que el contralor sea elegido por la oposición y la oposición en este caso, es el Partido Nacionalista. No se creerá que la oposición esté representada por UPP, Unidad Nacional o el fujimorismo. Definamos acá quién tiene que elegir al contralor. Si es la oposición, entonces la Bancada Nacionalista tiene que proponerlo al Parlamento y que se defina allí las cosas”, manifestó.

El presidente de Unión por el Perú (UPP), Aldo Estrada, dijo que por su parte, que su bancada si representa a una oposición calificada y que Humala Tasso poco o nada tiene que ver con en los asuntos del Congreso. Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) respaldó sin embargo, la propuesta del líder nacionalista.

Ideeleradio conversó también desde los Estados Unidos con Jaime Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quien sostuvo que el nuevo contralor debe ser una persona de reconocida reputación que conozca a fondo el tema de las licitaciones y concursos públicos; que fiscalice, pero que no bloquee. No obstante, consideró que la militancia partidaria no debería ser un impedimento para ser designado en ese cargo.

“Yo no creo que tenga mayor importancia que sea o no sea (aprista). Podría haber dentro del partido de gobierno o fuera de él la persona que tenga las mejores condiciones. No tendría porque ser un impedimento para su elección el hecho de que forme parte del Apra. Naturalmente, que muchos van a decir seguramente que si no está en el partido de gobierno va a ser más independiente. Pero, yo creo que de lo que se trata es que sea una persona inteligente, y que sin dejar de ejercer su labor fiscalizadora, sea también un colaborador del desarrollo”, opinó.

Yehude Simon, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), dijo al respecto que sería un tremendo error que el nuevo titular de la Contraloría tenga camiseta política. El ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, quien dejó de lado su militancia en Acción Popular para desempeñarse correctamente como magistrado, también discrepó con la propuesta de la Confiep y estimó que en el caso del contralor, lo más recomendable es que sea un ciudadano honesto e independiente.

“No es incompatible la militancia partidaria con el desempeño de funciones públicas importantes, pero en lo posible sería substancial que el Parlamento pueda tener concordancia en elegir a alguien que no tenga influencia partidaria, porque se trata de un solo cargo. Cuando se trata de un órgano colegiado, como el caso del Tribunal Constitucional, el hecho de que haya siete opiniones, permite que se cotejen los criterios y que se dicten las sentencias más apropiadas. Pero siendo, como es la Contraloría, un órgano unipersonal, sería lo más adecuado que no tenga militancia política”, resaltó.

David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), coincidió en que la independencia del postulante a contralor es un requisito insoslayable y agregó además, como un aspecto ineludible, que quien se encargue de prevenir y detectar delitos o irregularidades en el sector público, no puede estar vinculado a un régimen dictatorial.

“Las dictaduras nos han enseñado que justamente son expertas en ocultar información e impedir el acceso a la información pública, porque detrás de esto hay actos de corrupción, como lo han demostrado diversos procesos judiciales durante el fujimorato. Una persona que hubiera estado vinculada al régimen fujimorista, clara e indubitablemente, también está descalificada para llegar al cargo contralor, porque no tendría la trayectoria democrática que se requiere para esos efectos”, subrayó.

Falta muy poco para que se renueve al titular de la Contraloría y es por eso, que es urgente que las propuestas que recoja el jefe de Estado sean amplia y públicamente discutidas. La fragmentación y la falta de legitimidad del Congreso son otros obstáculos que también se deben tomar en cuenta en este proceso.
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