viernes, 15 de agosto de 2008

Copamiento aprista: El carné aprista vs. el DNI

Ideeleradio.- ¿Qué tienen en común Carlos Arana, director ejecutivo de Foncodes, Omar Quesada, de Cofopri, Iván Hidalgo, coordinador de Crecer, Fredy Hinojosa, jefe del Pronaa, Esteban Chioti, titular del Seguro Integral de Salud (SIS), Rodolfo Beltrán, responsable del Pronamachcs, Carlos Pando, director de APCI y Agustín Haya de la Torre, presidente del Ceplan?. Todos ellos cuentan con un carné aprista y dirigen programas de apoyo y desarrollo social.
La lista es larga e interminable. Según cifras del oficialismo, sólo el 10 por ciento de los funcionarios del aparato del Estado está compuesto por apristas. La verdad parece ser otra, el copamiento es evidente y deja en incómoda situación a aquellos expertos y profesionales que caminan únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Pedro Francke, ex presidente del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes), cuestionó la reciente designación de Carlos Arana -uno de los militantes apristas más allegados al ex ministro Agustín Mantilla- como nuevo presidente de Foncodes y vaticinó que este inexperto funcionario, nos hará retroceder hasta el uso político de los programas sociales vista en el régimen de Alberto Fujimori.

“Lamentablemente Foncodes ha estado siempre abandonado, no se le ha dado ninguna importancia y prácticamente había cerrado sus puertas. Creo que con el señor Arana, no se va a tener ningún apoyo internacional. Se contratará una serie de gente que serán militantes del Partido Aprista, cuya labor no será mejorar las condiciones de vida de los pobres, sino movilizar con apoyo financiero a personas de diversas poblaciones, para que con promesas o amenazas puedan respaldar al partido de gobierno en mítines y movilizaciones”, apuntó.

Francke Ballve pidió al presidente de la República, Alan García transparentar el modo de selección de este tipo de funcionarios. Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), tomó con sorpresa la salida del aprista Agustín Haya de la Torre, de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) quien fue reasignado al Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (Ceplan). Soberón Garrido criticó la gestión de Haya de la Torre en APCI, por considerar que fue un instrumento de presión política contra las ONG.

“Con ese tipo de comportamiento no auguramos una conducción adecuada del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual debería ser un mecanismo de la concertación, el diálogo con otros actores políticos y sociales, porque se trata de orientaciones de políticas de Estado. Incluso en el tema de la cooperación en su última presentación, él ha reconocido que la cooperación ha disminuido hacia el Perú. Un país con tantas carencias, tantas necesidades todavía existentes en nuestro país, es lamentable que una gestión no haya tenido tanto éxito para lograr niveles de cooperación”, refirió.

El ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó por su parte que no exista una Ley de Carrera Pública que garantice como mérito, la calificación personal. Lamentó que Carlos Pando Sánchez, ex vicepresidente de la Comisión de Ideología y Doctrina del APRA, asuma la presidencia de APCI, una institución que refleja la intolerancia gubernamental con quienes piensan diferente.

“Desde la APCI se había observado ya un comportamiento que tienden a tomar acciones que afectan la autonomía y la independencia de los Organismos No Gubernamentales (ONG). Entonces poner allí a un militante partidario, además con todas las calificaciones como para saber de que se trata de alguien muy cercano a los niveles de decisión de un partido, es un anuncio de que la política que se va a desarrollar en temas de cooperación internacional, no va a ser precisamente la de promover que estos recursos lleguen a organizaciones que desarrollan actividades que no le gustan al gobierno”, manifestó.

A nivel del Sistema Judicial, la situación también es preocupante por cuanto personajes fuertemente vinculados al Partido Aprista ocupan cargos importantes, como el caso de Edmundo Peláez, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); Carlos Mesía, el Tribunal Constitucional (TC) y Ángel Romero, la Corte Superior de Justicia de Lima. Al referirse a este último caso, Javier La Rosa, integrante del Consorcio Justicia Viva, dijo que la sociedad civil estará atenta frente al peligro de copamiento que podría implicar la presencia de Romero Díaz en la Corte más importante del país.

“En el caso concreto de la Corte de Lima, cuando él asumió como presidente, se dieron una serie de nombramientos bastantes cuestionados, básicamente con el tema de jueces suplentes que eran convocados. El resto de magistrados rechazó este tema, porque no sólo se pensaba en una suerte de copamiento partidario, sino de ingreso de personajes con dudosa reputación y eso hay que decirlo con nombre propio, porque con actitudes como esa no se puede seguir avanzando en la reforma del Poder Judicial”, refirió.

El ex presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, denunció finalmente, un extraño cambio del padrón del Apra y el hecho de que el partido de gobierno haya despedido en los últimos tiempos a 10 mil trabajadores, a quienes no les renovó su contrato, para convocar a sus militantes y atender los reclamos de sus bases.

“Hay cosas muy graciosas, los apristas dicen, bueno, pero no está en el padrón. Y hace muy poco tiempo, los apristas redujeron su padrón de 500 a 300 mil, más o menos. Esos 200 mil o 150 mil desaparecidos de su padrón, también lo han hecho, para que no podamos nosotros cotejar, quienes de los empleados públicos están en el padrón del Apra. (…) Yo simplemente le digo a la opinión pública. Si acaso no sería conveniente que todos tuvieran acceso al padrón del Apra, al nuevo padrón y al antiguo y que todos pudiéramos conocer el nombre de los empleados que han ingresado por servicios personales en los últimos dos años”, dijo.
La sociedad civil debe estar atenta frente al uso del carné aprista. El compromiso presidencial del no copamiento, es ahora una de las decenas de promesas incumplidas. Debe quedar claro, que las instituciones le pertenecen al país, no al partido de gobierno.

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