Ideeleradio.- La imposibilidad de expresar la real y completa política de gobierno en un mensaje presidencial de tan poco tiempo, es parte del argumento utilizado por el oficialismo para defender los temas ausentes y las notorias imprecisiones de lo que hará el primer mandatario Alan García Pérez en los próximos tres años. Aspectos que, sin embargo, guardan relación con los hechos, pues días después persiste el desconocimiento de cómo se abordará la inflación, se mantiene la omisión de un incremento salarial y perdura la falta de voluntad política en la prevención de conflictos sociales, la lucha anticorrupción y la defensa de los derechos humanos.
El padre Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza comentó al respecto que sigue siendo una incógnita cómo se abordará el alza del costo de vida. Si bien saludó que la pobreza haya formado parte del discurso presidencial, restó importancia a la posibilidad de que los ministerios reduzcan sus presupuestos para reorientarlos a los programas sociales. Consideró que el modo de enfrentar la inflación y la miseria abarca aspectos más de fondo.
“Yo voy a seguir peleando por una cosa que es el Registro Único de Beneficiarios, mientras no tengamos eso vamos a seguir llorando sobre gente que recibe mucho y que no recibe nada. Ese es un asunto, me parece que hay tocarlo con más seriedad, de lo que se está haciendo hasta ahora. Pero yo creo que si ha habido progresos interesantes. A mí me ha entusiasmado la estrategia de Crecer, creo que allí ha habido un paso muy importante al saberlos unificar los programas sociales. Y eso me parece que sí es bueno, señaló.
Se prevé justamente que el programa Juntos amplíe la cobertura de sus beneficiarios de 638 a 880 distritos, y se anunció por otra parte, que no habrá ningún tipo de recorte en el programa de Vaso de Leche, tras una masiva protesta pública.
Manuel Iguíñiz, integrante del Foro Educativo, resaltó por su parte que el régimen se haya reafirmado en mantener la infraestructura de los colegios y advirtió que la reducción de las brechas del aprendizaje en los primeros grados, el nivel inicial y rural, así como la calidad de los exámenes en las evaluaciones magisteriales no fueron aspectos abordados por el jefe de Estado, entre otros puntos medulares.
“Ya son dos años en que no se producen ningún aumento al magisterio que sirva de incentivo y el otro tema es cuando van a ingresar a la carrera pública, porque si se había previsto 10 años para que pasen a la nueva carrera, a este ritmo no vamos a llegar ni en 10, ni en 20 años. Evidentemente que el tema que ha llamado la atención es el Ministerio de la Cultura, que es un viejo reclamo, pero que debería ser mucho más neto el planteamiento del presidente que va a someterlo a un diálogo por parte del Congreso. Creo que lo primero que hay que hacer en el gobierno es decidir una política cultural y luego crear un organismo ad hoc para esa política cultural. No podemos crear otro elefante burocrático”, refirió.
Paradójicamente, en San Martín se quemaron libros distribuidos por el Ministerio de Educación, pues estos contenían un garrafal error: Ubicaban a la Ciudadela del Gran Pajatén en La libertad y no en esa región nororiental.
El hecho pasó a formar parte la estadística de los conflictos sociales en el país, un asunto tan venido a menos por la administración aprista, en relación al informe de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de 147 controversias registradas al 31 de julio. Iván Ormachea, director de ProDiálogo, dijo al respecto, que el tema es preocupante, porque revela que la Unidad de Prevención de la Presidencia del Consejo de Ministros no ha funcionado, más allá de la propuesta de crear en cada ministerio una dependencia dedicada a esta tarea.
“Yo creo que puede ser una alternativa, pero más que crear esas unidades, eso se debe a una clara visión sobre que es lo que el Estado debe de hacer para prevenir y administrar conflictos; y esta claridad no existe y no es que se un tema económico. La Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos, ha tenido desde hace tres años el aporte económico muy comprometido de distintas entidades de cooperación internacional. Lamentablemente no ha logrado aún consolidarse como una unidad que efectivamente logre prevenir y llegue a alertas tempranas en situaciones conflictivas. Lo único que ha hecho es administrar el conflicto en su peor situación, es decir en situaciones de crisis”,
Y si a crisis hay que referirse, la falta de enfoque presidencial en la lucha contra la corrupción encaja perfectamente en ese diagnóstico, sostiene Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética. La ex ministra comentó en Ideeleradio, la posibilidad que evalúa el gobierno de desactivar la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) que lideraba la ex magistrada Carolina Lizárraga, análisis que por cierto, se da en un escenario de supuestas prebendas para lograr la presidencia del Congreso y el cambio de régimen penitenciario de Alberto Fujimori.
“Me parece que dentro de lo viable es lo más conveniente, porque no se crearían nuevas instituciones, porque ya se desmanteló la que se hizo, que no sabemos cual fue su plan de trabajo, que no tiene equipo de gente. Yo pienso que lo mejor, en este momento, es trabajar a favor de la Contraloría, darle recursos, darle mucho más capacidad de penetración en los asuntos de la sociedad, porque nadie conoce lo que hace la Contraloría. Y uno de los grandes problemas es que no existe la noción del control, el control de los partidos políticos, de la sociedad, el control del gobierno, de los gobiernos; todas las oficinas de control, funcionan mal”, manifestó.
Finalmente y no menos importante, hoy reina el mutismo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el impulso a la judicialización de casos o la instalación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh, mostró su preocupación al respecto, tras reconocer que existe cierto enfoque en materia de reparaciones colectivas.
“Pienso que el gobierno del presidente García es un régimen completamente peleado con el tema de derechos humanos. Tiene que ver obviamente con los crímenes que se cometieron en su primer gobierno, pero creo que el comete un error al no tener una actitud favorable a los derechos humanos. Esto de cerrar los ojos, de no impulsar las reparaciones o la judicialización, a la larga o a la corta, lo va a perjudicar directamente a él. Creo que es un tema que debe reflexionar y cambiar de actitud con este tema. Y los peruanos tenemos que seguir exigiendo esta movilización de parte del Ejecutivo y obviamente el próximo 2011 saber claramente por quien votar y no por el mal menor que a veces se convierte en el mal peor”, declaró.
Existe entonces la urgente necesidad de que se reforme el alma del Estado, para tomar en cuenta una agenda impostergable. De continuar esta perspectiva negativa, tendríamos que hablar ya no de reformas, sino de exorcismos.
El padre Gastón Garatea, ex presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza comentó al respecto que sigue siendo una incógnita cómo se abordará el alza del costo de vida. Si bien saludó que la pobreza haya formado parte del discurso presidencial, restó importancia a la posibilidad de que los ministerios reduzcan sus presupuestos para reorientarlos a los programas sociales. Consideró que el modo de enfrentar la inflación y la miseria abarca aspectos más de fondo.
“Yo voy a seguir peleando por una cosa que es el Registro Único de Beneficiarios, mientras no tengamos eso vamos a seguir llorando sobre gente que recibe mucho y que no recibe nada. Ese es un asunto, me parece que hay tocarlo con más seriedad, de lo que se está haciendo hasta ahora. Pero yo creo que si ha habido progresos interesantes. A mí me ha entusiasmado la estrategia de Crecer, creo que allí ha habido un paso muy importante al saberlos unificar los programas sociales. Y eso me parece que sí es bueno, señaló.Se prevé justamente que el programa Juntos amplíe la cobertura de sus beneficiarios de 638 a 880 distritos, y se anunció por otra parte, que no habrá ningún tipo de recorte en el programa de Vaso de Leche, tras una masiva protesta pública.
Manuel Iguíñiz, integrante del Foro Educativo, resaltó por su parte que el régimen se haya reafirmado en mantener la infraestructura de los colegios y advirtió que la reducción de las brechas del aprendizaje en los primeros grados, el nivel inicial y rural, así como la calidad de los exámenes en las evaluaciones magisteriales no fueron aspectos abordados por el jefe de Estado, entre otros puntos medulares.
“Ya son dos años en que no se producen ningún aumento al magisterio que sirva de incentivo y el otro tema es cuando van a ingresar a la carrera pública, porque si se había previsto 10 años para que pasen a la nueva carrera, a este ritmo no vamos a llegar ni en 10, ni en 20 años. Evidentemente que el tema que ha llamado la atención es el Ministerio de la Cultura, que es un viejo reclamo, pero que debería ser mucho más neto el planteamiento del presidente que va a someterlo a un diálogo por parte del Congreso. Creo que lo primero que hay que hacer en el gobierno es decidir una política cultural y luego crear un organismo ad hoc para esa política cultural. No podemos crear otro elefante burocrático”, refirió.Paradójicamente, en San Martín se quemaron libros distribuidos por el Ministerio de Educación, pues estos contenían un garrafal error: Ubicaban a la Ciudadela del Gran Pajatén en La libertad y no en esa región nororiental.
El hecho pasó a formar parte la estadística de los conflictos sociales en el país, un asunto tan venido a menos por la administración aprista, en relación al informe de la Defensoría del Pueblo, que da cuenta de 147 controversias registradas al 31 de julio. Iván Ormachea, director de ProDiálogo, dijo al respecto, que el tema es preocupante, porque revela que la Unidad de Prevención de la Presidencia del Consejo de Ministros no ha funcionado, más allá de la propuesta de crear en cada ministerio una dependencia dedicada a esta tarea.
“Yo creo que puede ser una alternativa, pero más que crear esas unidades, eso se debe a una clara visión sobre que es lo que el Estado debe de hacer para prevenir y administrar conflictos; y esta claridad no existe y no es que se un tema económico. La Unidad de Análisis y Prevención de Conflictos, ha tenido desde hace tres años el aporte económico muy comprometido de distintas entidades de cooperación internacional. Lamentablemente no ha logrado aún consolidarse como una unidad que efectivamente logre prevenir y llegue a alertas tempranas en situaciones conflictivas. Lo único que ha hecho es administrar el conflicto en su peor situación, es decir en situaciones de crisis”,Y si a crisis hay que referirse, la falta de enfoque presidencial en la lucha contra la corrupción encaja perfectamente en ese diagnóstico, sostiene Cecilia Blondet, directora ejecutiva de Proética. La ex ministra comentó en Ideeleradio, la posibilidad que evalúa el gobierno de desactivar la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) que lideraba la ex magistrada Carolina Lizárraga, análisis que por cierto, se da en un escenario de supuestas prebendas para lograr la presidencia del Congreso y el cambio de régimen penitenciario de Alberto Fujimori.
“Me parece que dentro de lo viable es lo más conveniente, porque no se crearían nuevas instituciones, porque ya se desmanteló la que se hizo, que no sabemos cual fue su plan de trabajo, que no tiene equipo de gente. Yo pienso que lo mejor, en este momento, es trabajar a favor de la Contraloría, darle recursos, darle mucho más capacidad de penetración en los asuntos de la sociedad, porque nadie conoce lo que hace la Contraloría. Y uno de los grandes problemas es que no existe la noción del control, el control de los partidos políticos, de la sociedad, el control del gobierno, de los gobiernos; todas las oficinas de control, funcionan mal”, manifestó.Finalmente y no menos importante, hoy reina el mutismo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, el impulso a la judicialización de casos o la instalación del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Miguel Jugo, director ejecutivo de Aprodeh, mostró su preocupación al respecto, tras reconocer que existe cierto enfoque en materia de reparaciones colectivas.
“Pienso que el gobierno del presidente García es un régimen completamente peleado con el tema de derechos humanos. Tiene que ver obviamente con los crímenes que se cometieron en su primer gobierno, pero creo que el comete un error al no tener una actitud favorable a los derechos humanos. Esto de cerrar los ojos, de no impulsar las reparaciones o la judicialización, a la larga o a la corta, lo va a perjudicar directamente a él. Creo que es un tema que debe reflexionar y cambiar de actitud con este tema. Y los peruanos tenemos que seguir exigiendo esta movilización de parte del Ejecutivo y obviamente el próximo 2011 saber claramente por quien votar y no por el mal menor que a veces se convierte en el mal peor”, declaró.Existe entonces la urgente necesidad de que se reforme el alma del Estado, para tomar en cuenta una agenda impostergable. De continuar esta perspectiva negativa, tendríamos que hablar ya no de reformas, sino de exorcismos.
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