
El presidente de la República Alan García Pérez, se comprometió el 28 de julio del 2006, a cambiar la historia en la elección de quien será el máximo responsable de la Contraloría General de la República, aquel funcionario autónomo que se encarga, por mandato de la Constitución Política del Perú, de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto, de las operaciones de la deuda pública y de fiscalizar los actos de todas las instituciones del Estado.
El contralor Genaro Matute terminará sus funciones el próximo 29 de octubre y es por ello, que surge la necesidad de recordarle este compromiso que asumió al inicio de su mandato, pues es García Pérez quien debe proponer al Parlamento un candidato que será evaluado y eventualmente ratificado por el Congreso.

Inés Arias, coordinadora de Transparencia e Institucionalidad de Forum Solidaridad Perú, exigió a través de una campaña respaldada por 28 Organismos No Gubernamentales (ONG), que nuestro gobernante inicie las consultas del caso, con los colegios profesionales y grupos políticos con representación en el Parlamento, para someter a observación pública al aspirante a contralor. Explicó por ello, que el Ejecutivo y la Representación Nacional deben tomar algunos puntos en consideración.
“La campaña que nosotros hemos iniciado exige al Poder Ejecutivo - que es la primera parte de todo este proceso de designación del contralor general de la República- que el proceso sea transparente y abierto al escrutinio público. Es decir, lo que nosotros queremos es que se publique la hoja de vida de los postulantes o de la persona propuesta. Creemos que la persona que esté a cargo de la Contraloría debería tener cualidades éticas, morales, pero también técnicas como ha indicado el contralor Genaro Matute”, precisó.
El líder del Partido Nacionalista, Ollanta Humala Tasso, enfatizó en que el aspirante a contralor no debe tener militancia, simpatía o cercanía con el Partido Aprista Peruano y remarcó que éste debe cumplir escrupulosamente con los requisitos y restricciones señalados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, para evitar posteriores condicionamientos o limitación en sus funciones. Hizo además una propuesta que inició el debate de este tema.

El presidente de Unión por el Perú (UPP), Aldo Estrada, dijo que por su parte, que su bancada si representa a una oposición calificada y que Humala Tasso poco o nada tiene que ver con en los asuntos del Congreso. Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) respaldó sin embargo, la propuesta del líder nacionalista.
Ideeleradio conversó también desde los Estados Unidos con Jaime Cáceres Sayán, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quien sostuvo que el nuevo contralor debe ser una persona de reconocida reputación que conozca a fondo el tema de las licitaciones y concursos públicos; que fiscalice, pero que no bloquee. No obstante, consideró que la militancia partidaria no debería ser un impedimento para ser designado en ese cargo.

Yehude Simon, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), dijo al respecto que sería un tremendo error que el nuevo titular de la Contraloría tenga camiseta política. El ex presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, quien dejó de lado su militancia en Acción Popular para desempeñarse correctamente como magistrado, también discrepó con la propuesta de la Confiep y estimó que en el caso del contralor, lo más recomendable es que sea un ciudadano honesto e independiente.

David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), coincidió en que la independencia del postulante a contralor es un requisito insoslayable y agregó además, como un aspecto ineludible, que quien se encargue de prevenir y detectar delitos o irregularidades en el sector público, no puede estar vinculado a un régimen dictatorial.

Falta muy poco para que se renueve al titular de la Contraloría y es por eso, que es urgente que las propuestas que recoja el jefe de Estado sean amplia y públicamente discutidas. La fragmentación y la falta de legitimidad del Congreso son otros obstáculos que también se deben tomar en cuenta en este proceso.
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